Sábado de máxima tensión en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago. La jueza Patricia Michel Ibacache Toledo dictaminó la prisión preventiva para los tres principales imputados en el mediático Caso «Muñeca Bielorrusa»: Gonzalo Migueles (pareja de la exministra Ángela Vivanco) y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.
Tras una maratónica octava jornada de formalización, la magistrada fue lapidaria en su resolución, acogiendo la petición de la Fiscalía.
«Estimando que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, se decreta la prisión preventiva de Migueles, Vargas y Lagos,» sentenció la jueza.
La Condena Moral: Amistad, Viajes y Desprecio por la Justicia
La resolución de la jueza Ibacache no solo se basó en los delitos imputados (cohecho reiterado y lavado de activos para Migueles; soborno reiterado y lavado de activos para Vargas y Lagos), sino que incluyó una dura condena moral a las acciones de los acusados.
La jueza cuestionó directamente la ostentación y el desprecio por la probidad pública:
- «Quienes han sido formalizados el día de hoy se han reído de todo un país participando de reuniones sociales, mientras existía un conflicto judicial que los afectaba como parte o como juez.»
- «Se encontraba en curso un conflicto de esta clase, realizando viajes, ostentando y evidenciando a través de redes sociales la amistad que los unía, porque ni siquiera han tenido el cuidado de ocultar sus conductas delictivas.»
La magistrada enfatizó que sus actos han «enlodado la probidad, la integridad y la lealtad de los funcionarios públicos, generando desigualdad, afectando directamente los derechos de las personas a un trato igualitario, quebrando la confianza pública, creando en la audiencia un sentimiento de impunidad».
Finalmente, al justificar la medida cautelar más gravosa, la jueza fue tajante: si este hecho «no constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, entonces no sé qué otro hecho pueda afectar de una manera tan directa a la sociedad en su conjunto».
Con la prisión preventiva decretada, se estableció un plazo de investigación de 90 días para desentrañar completamente la red de corrupción.
SOJ
