En un recodo de la Península de Hualpén, donde el océano se funde con la historia agraria, cerca de un centenar de familias de pescadores artesanales viven la cuenta regresiva más frustrante de sus vidas. Tras más de siete décadas de permanencia, la comunidad de Caleta Perone está a solo una firma de obtener la propiedad legal de su tierra, un acto de justicia que, paradójicamente, hoy está detenido por la inercia del gobierno de Boric.
La historia de Caleta Perone se remonta a 1950, cuando los descendientes de inmigrantes italianos, la familia Perone, permitieron a sus antiguos trabajadores agrícolas y sus familias asentarse junto al mar. Con el tiempo, la agricultura decayó, pero el vínculo humano perduró: la familia cedió el uso de los terrenos, permitiendo que la comunidad echara raíces y construyera una vida basada en la pesca artesanal y la solidaridad.
El Camino Técnico: Un Esfuerzo Cumplido por la Ley de Caletas
La esperanza de la legalización se reavivó con la promulgación de la Ley de Caletas N° 21.027. Desde ese momento, la Ferepa Biobío, en colaboración con la Universidad de Concepción y consultoras especializadas, impulsó un proceso exhaustivo para cumplir cada requisito técnico: desde planos y estudios de la línea de marea hasta planes de administración y capacitaciones en gestión y adaptación al cambio climático.
La carpeta técnica fue completada y la voluntad política se hizo presente: el Gobierno de Chile comprometió y destinó los recursos para la compra del terreno, fondos que hoy se encuentran a disposición del Ministerio de Bienes Nacionales. Todo está listo para que el trabajo de generaciones se traduzca en dignidad y reconocimiento legal.
El Llamado Desesperado: «El Estado Debe Cumplir»
Pero el último paso, el administrativo, se ha convertido en la gran barrera. La esperanza de siete décadas pende de un hilo burocrático, generando una profunda desazón.
Cristian Arancibia Chandía, presidente de Ferepa Biobío, reconoció el compromiso de las autoridades regionales, pero lamentó el estancamiento:
“No puede ocurrir que por la burocracia del Estado, esta oportunidad única y financiada se siga postergando, y que décadas de esfuerzo se vuelvan a transformar en desesperanza y dolor. Caleta Perone cumplió todo lo que la ley exige; ahora es el Estado quien debe cumplir,” enfatizó Arancibia, haciendo un llamado urgente a la celeridad.
Desde la caleta, el líder del sindicato, Miguel Ibáñez, mantiene una fe inquebrantable: “Esperamos que antes de fin de año se concrete la expropiación. Sería hacer justicia con familias que han esperado toda una vida por esto.”
Mientras los botes se mecen al ritmo del Pacífico y las redes se secan bajo el sol de Hualpén, la comunidad de Caleta Perone aguarda ese «clic» final: el gesto administrativo que transformará la incertidumbre en un acto de justicia y humanidad largamente merecido.
SOJ





