El Consejo Regional del Biobío (Core) ha lanzado un ultimátum al Ministerio de Hacienda, exigiendo una rectificación inmediata a la propuesta de presupuesto 2026 para seguridad. El Core advierte que la región se encuentra en una «crisis de seguridad» que es imposible de combatir con una financiación de «tiempo de paz».
La confrontación se intensifica por el dramático diagnóstico criminal de la zona: la presencia operativa del Tren de Aragua en Concepción (con casos de sicariato y trata de personas) y la identificación de nexos con el peligroso Comando Vermelho de Brasil.
Hacienda Recorta ante la Sofisticación Criminal
La propuesta económica del Ministerio de Hacienda ha encendido las alarmas en el Biobío. El monto contemplado para el Core es de solo $117 mil millones, una cifra que, al ser ajustada por el IPC, representa un recorte real cercano al 10%.
Luis Santibañez, Presidente de la Comisión de Presupuesto del Core Biobío, fue categórico al calificar la medida como «inaceptable»:
«La Región del Biobío está en crisis de seguridad; no podemos seguir con presupuestos de ‘tiempo de paz’ cuando nos enfrentamos a bandas transnacionales que se mueven con armas de alto poder de fuego. Es impensable combatirlos con equipos obsoletos.»
Exigencia de Recursos de Guerra para Carabineros y PDI
El Core ha detallado su plan de emergencia, solicitando recursos directos e inmediatos para inyectar capacidades a las policías. La lista de compras esenciales refleja la gravedad de la situación:
- Carabineros: Urge la adquisición de un nuevo helicóptero, más drones de vigilancia y la renovación completa de la flota de vehículos de patrullaje urbano.
- PDI: Necesidad crítica de tecnología forense avanzada y equipamiento de inteligencia sofisticado para desbaratar las complejas estructuras criminales.
La estrategia regional cuenta con el apoyo legal del abogado James Argo, quien ha ayudado a trazar un marco para obtener mayores facultades en materia de seguridad pública.
La demanda del Core Biobío es clara: «Estamos pidiendo justicia presupuestaria.» El objetivo final, según Santibañez, es evitar que la región «se convierta en la nueva retaguardia del crimen transnacional.»
SOJ
