Una preocupante alerta sobre la operatividad de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en las provincias de Arauco y Biobío ha surgido, poniendo en entredicho la efectividad del control militar en estas zonas bajo Estado de Excepción. La estrechez presupuestaria ha impactado directamente en la capacidad logística de las instituciones, traduciéndose en una disminución crítica de recursos esenciales para el patrullaje.
El contraalmirante Arturo Oxley, Jefe de la Defensa Nacional (Jedena) para las provincias de Arauco y Biobío, reconoció públicamente una severa reducción en las horas de vuelo y en la asignación de combustible (petróleo) destinadas a las labores de vigilancia terrestre y aérea.
El Costo de la Austeridad: Menos Presencia, Más Desgaste
Según la información recogida, la operatividad del personal de la Armada de Chile, que opera en Arauco, y del Ejército de Chile, desplegado en Biobío, se ha visto mermada por esta falta de recursos fiscales.
La crisis presupuestaria no solo afecta la movilidad, sino que también pone en riesgo el mantenimiento del material militar. El contraalmirante Oxley indicó que la disminución de fondos está generando dificultades para acceder a repuestos necesarios para vehículos y dispositivos, lo que acelera el desgaste del material y amenaza la continuidad de las operaciones en el mediano plazo.
En un contexto donde la seguridad y el resguardo de la Macrozona Sur dependen fuertemente de la presencia militar, esta limitación de recursos básicos como el combustible y los repuestos es vista como un obstáculo directo a la misión de las FF.AA.
Reacción Política: Exigen Herramientas al Gobierno
La noticia generó una inmediata reacción en el ámbito político. La diputada por la provincia, Joanna Pérez, expresó su profunda preocupación ante la falta de claridad presupuestaria y alzó la voz para exigir al Gobierno central que tome medidas concretas.
Pérez emplazó al Ejecutivo a entregar las herramientas y el financiamiento necesario a las Fuerzas Armadas para que puedan cumplir cabalmente su función de resguardo en un territorio que se mantiene bajo una medida de excepción constitucional debido a la escalada de violencia. La parlamentaria subraya que la seguridad de los habitantes no puede ser comprometida por recortes financieros.
SOJ
