Un grupo de autoridades regionales y comunales presentará hoy una denuncia formal ante la Contraloría Regional del Biobío, exigiendo la paralización inmediata y la declaración de ilegalidad del proceso de licitación pública para la construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (ID 825-7-O124) en Concepción.
Los denunciantes —el Consejero Regional Luis Santibáñez, el Concejal de Concepción José Piña y el abogado James Argo— argumentan la existencia de «graves vicios de legalidad» que invalidan cualquier intento de adjudicación.
Ofertas Vencidas y Desactualización Económica
La acción ante el órgano contralor se centra en la inaceptable paralización administrativa que ha sufrido el proceso: 16 meses de dilación desde la apertura de las ofertas, realizada el 19 de junio de 2024.
Los denunciantes sostienen que esta prolongada espera ha hecho jurídicamente inviable la adjudicación, puesto que:
- Vencimiento de Ofertas: Las propuestas económicas y técnicas de las empresas se encuentran caducadas.
- Desactualización de Costos: Las condiciones económicas originales están completamente desactualizadas, lo que hace «ilegal adjudicar un contrato con costos de hace 16 meses» debido a las variaciones del mercado.
- Vulneración de Principios: Se vulneran gravemente los principios de eficiencia, igualdad y certeza jurídica, pilares fundamentales de la Ley de Compras Públicas.
El Consejero Regional y presidente de la Comisión de Presupuesto, Luis Santibáñez Bastidas, criticó duramente la gestión del proyecto:
«Mantener un proyecto de esta envergadura en un limbo administrativo es una falta de respeto a la fe pública y un riesgo para los fondos fiscales. Pedimos a Contraloría que se pronuncie, declare la ilegalidad de una eventual adjudicación y se ordene el fin de este proceso viciado».
La denuncia busca que la Contraloría intervenga para terminar con el proceso actual y así obligar a las autoridades a llamar a una nueva licitación bajo condiciones actualizadas y transparentes.
SOJ
