La Policía de Investigaciones (PDI) incautó equipos electrónicos como parte de una causa reservada que apunta a la Dirección de Obras Municipales (DOM) eventualmente en el caso Puerto de Coronel.
El procedimiento estuvo a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de Concepción, y no solo se focalizó en las oficinas de la DOM, sino que también se extendió a los domicilios particulares de dos funcionarios clave de la unidad: Luis Cortés y Mireya Oyarzún, actual director y exdirectora subrogante de Obras Municipales, respectivamente.
Tensión por la Probidad y Versiones Contrapuestas
El operativo generó reacciones en el Concejo Municipal. La concejal Valeska Carrillo se refirió con dureza al impacto de la acción policial, indicando que este allanamiento “deja en tela de juicio cuál es la probidad y cuál es el compromiso que tenemos las y los funcionarios públicos con la probidad de los procesos municipales y fiscales”.
Carrillo destacó que si bien no todos los proyectos observados por la Contraloría se financian con fondos municipales, sí corresponden a dineros fiscales, poniendo el foco en el correcto uso de recursos públicos.
¿Un No Allanamiento?
Desde la administración municipal, en tanto, se buscó bajarle el perfil al procedimiento. Javier Valencia, administrador municipal de Coronel, salió a aclarar la situación, señalando que «en el municipio de Coronel no ha existido ningún tipo de allanamiento por parte de la PDI».
Sin embargo, a pesar de la precisión semántica, reconoció la existencia de una diligencia judicial. Valencia explicó que lo ocurrido fue la tramitación de una solicitud del Ministerio Público que requería información específica de la Dirección de Obras.
El administrador enfatizó que la casa edilicia ha cooperado plenamente: «Hemos accedido a facilitar tanto la información como los equipos que han sido requeridos», y que incluso se facilitaron vehículos y personal de la PDI para que los funcionarios involucrados pudieran acceder a sus domicilios y entregar la documentación o equipos solicitados.
La causa se mantiene bajo reserva, pero la incautación de dispositivos en la DOM y en los hogares de sus directivos subraya la seriedad de la investigación fiscal en curso.
