Más de 200 familias de Quilleco, en la Región del Biobío, se encuentran en un limbo judicial, a la espera de sus viviendas que llevan años paralizadas. Un conflicto legal entre la constructora Figuz y el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) ha dejado a los comités San Lorencito II y Unión y Esperanza en una situación de extrema vulnerabilidad.
La situación cobró visibilidad nacional cuando cerca de 30 afectados viajaron a Santiago para manifestarse frente al Palacio de La Moneda, logrando una reunión de dos horas con el ministro de Vivienda, Carlos Montes.
El ministro, si bien lamentó la situación y reconoció la frustración de las familias, explicó que el ministerio tiene «facultades bien limitadas» debido a una medida precautoria interpuesta por la constructora. «Se necesita un cambio legal que nos permita avanzar con las obras, aunque el juicio siga en paralelo», afirmó Montes, reconociendo que la demora ha tenido un impacto grave en la vida de los afectados.
Una espera que dura décadas
Para Gloria Godoy, presidenta del comité San Lorencito II, la espera no es nueva. Ella lleva casi tres décadas soñando con la casa propia. «Mis hijas crecieron esperando la misma vivienda», dice, con la voz cargada de frustración.
Karina Morales, presidenta del comité Unión y Esperanza, acusa al Serviu de haber prolongado el retraso desde el primer año de construcción. Ambas dirigentas detallan la precaria situación en la que se encuentran las obras: las casas, a medio construir, se están «agrietando» y las vigas se «enchocan», obligando a los comités a contratar guardias de seguridad sin saber de dónde saldrá el financiamiento.
La situación es una pesadilla económica y emocional. Muchos deben seguir pagando arriendos caros, y tres adultos mayores han fallecido sin haber podido ver su sueño concretado. «Somos los rehenes de un juicio entre la empresa y el Serviu», resume Godoy. «Mientras ellos pelean por boletas de garantía, a nosotros se nos va la vida esperando».
El origen del conflicto
El conflicto se remonta a la adjudicación del proyecto a la constructora Figuz, la única que calificó para la obra. Tras la pandemia, los retrasos se agravaron y la situación se volvió insostenible en 2023, cuando los trabajadores denunciaron cuatro meses de sueldos impagos.
Aunque hubo un intento de reactivar las obras con una alianza con otra empresa, el Serviu puso fin al contrato, lo que desató la demanda de la constructora y la medida precautoria que hoy mantiene todo paralizado.
Desde el Serviu, la directora regional María Luz Gajardo confirmó que han intentado en varias ocasiones levantar la medida precautoria, apelando incluso en tribunales superiores, pero hasta ahora los fallos han favorecido a la constructora. «Estamos empeñados en terminar con la medida… pero depende de tribunales».
Mientras la disputa legal continúa, los estudios técnicos y cotizaciones están listos para reiniciar las obras. Sin embargo, para las familias de Quilleco, el futuro de su hogar sigue en manos de la justicia, con la amarga sensación de que su vida está en pausa.
SOJ
