En un fallo unánime de gran relevancia, la Corte de Apelaciones de Santiago ha elevado a $65.000.000 el monto que el Fisco de Chile deberá pagar por concepto de daño moral a José Aníbal Pinto Bazo oriundo de Chillán. La decisión, emitida por la Séptima Sala del tribunal de alzada, confirma la condena inicial y aumenta significativamente la compensación para Pinto Bazo, quien fue detenido y torturado por agentes del Estado en Chillán el 5 de octubre de 1973.
El fallo (causa rol 17.697-2024), que contó con la integración de los ministros José Pablo Rodríguez, Tomás Gray y la abogada (i) Catalina Infante, ratifica la sentencia dictada por el 17° Juzgado Civil de Santiago. Sin embargo, el tribunal de alzada decidió elevar «prudencialmente el monto indemnizatorio en proporción al daño acreditado», reconociendo la magnitud del sufrimiento infligido.
La Corte argumentó que, si bien el tribunal de primera instancia ya había considerado elementos relevantes, una suma superior se hacía necesaria para acercarse, al menos teóricamente, a la reparación del perjuicio moral que experimentó el demandante. La sentencia consigna que el aumento se justifica «atendida la entidad del menoscabo que sufrió por las torturas infligidas y la circunstancia de haber permanecido privado de libertad durante más de tres meses, lo que es posible desprender de la valoración que se hace de la prueba rendida al efecto y que se sintetiza en el fallo de primer grado”.
De esta forma, el tribunal resolvió «confirmar la sentencia de trece de septiembre de dos mil veinticuatro, dictada por el Décimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago en los autos Rol N°11.697-2022, con declaración que se eleva la suma que el demandado Fisco de Chile deberá pagar al actor José Aníbal Pinto Bazo a $65.000.000 por concepto de indemnización de perjuicios por daño moral, con los reajustes e intereses fijados en el referido fallo”.
Esta sentencia representa un importante avance en la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura, reafirmando el compromiso del sistema judicial con la indemnización del daño moral derivado de tales crímenes.
SOJ
