La Cámara Marítima y Portuaria de Chile A.G. (Camport) ha lanzado una seria advertencia sobre el alarmante retraso en el nuevo ciclo de licitaciones portuarias, a solo cinco años del vencimiento de cinco concesiones privadas en puertos estatales. Según el último informe de la entidad, solo el Puerto de Valparaíso ha iniciado formalmente su proceso de renovación, mientras que la situación de los dos terminales de Talcahuano, San Antonio e Iquique permanece en una preocupante indefinición.
Daniel Fernández, presidente de Camport, expresó su inquietud: “Se observa una falta de anticipación preocupante. Sin licitaciones en curso, corremos el riesgo de quedarnos sin operadores adjudicados justo cuando el país más los necesita”.
Un Proceso Extenso Amenazado por la Inacción
El informe detalla que el proceso completo para otorgar una concesión portuaria, desde la definición del proyecto hasta la entrada en operación del nuevo concesionario, puede extenderse entre cinco y siete años. Esta complejidad se debe a etapas cruciales como el diseño de ingeniería, la evaluación ambiental, la aprobación de bases, la licitación, la adjudicación y la ejecución de obras.
Hasta la fecha, solo el Puerto de Valparaíso ha completado las primeras fases de este extenso proceso. Las otras cuatro concesiones clave, con vencimiento en 2030, no han iniciado el ciclo de renovación. Camport subraya que esta demora representa un riesgo concreto para la continuidad operativa, la eficiencia logística y la competitividad del sistema portuario chileno, pilar fundamental para el comercio exterior.
El Éxito del Modelo de Concesiones y la Incertidumbre Actual
Desde la promulgación de la Ley N°19.542 en 1997, que modernizó el sector portuario estatal, el modelo de concesiones ha sido un motor de desarrollo, atrayendo más de USD 2.000 millones en inversiones privadas hacia los puertos estatales. Este sistema ha sido crucial para la modernización y la mejora de la eficiencia, impulsando la competitividad de Chile en el comercio internacional.
Sin embargo, la actual situación genera incertidumbre, especialmente en el Puerto de San Antonio. Camport destaca la falta de información sobre la nueva concesión del terminal STI, particularmente en relación con el desarrollo del Puerto de Gran Escala (PGE).
El costo estimado del molo de abrigo del PGE, que bordea los USD 1.800 a 2.000 millones, se financiará con un préstamo que contaría con el aval del Estado. Este préstamo sería pagado por la empresa portuaria a través del cobro de la Tarifa de Uso Portuario (TUP). No obstante, aún no se ha definido si el costo del nuevo molo será asignado exclusivamente al PGE o a la totalidad del puerto. Esta indefinición es crítica, ya que si el costo se asigna a todo el puerto, la TUP de los terminales actuales podría subir significativamente, restando competitividad a San Antonio tanto a nivel nacional como internacional.
“No se puede convocar a los inversionistas sin reglas claras. La indefinición sobre la TUP en el Puerto de Gran Escala puede desincentivar el interés privado justo en el momento clave”, enfatizó Fernández.
Transparencia en la TUP y un Llamado Urgente a la Acción
El gremio también hizo hincapié en la falta de transparencia en la gestión de los fondos provenientes de la TUP. Desde la implementación del modelo de concesiones, los puertos estatales han recaudado cerca de USD 900 millones por este concepto, pero no existe información pública clara sobre su cálculo ni el destino de estos recursos. Camport propone la urgente dictación de un reglamento para estandarizar el cálculo de la TUP y la obligación de las empresas portuarias de reportar estos ingresos y su destino en sus estados financieros.
Fernández concluyó con un llamado enérgico a las autoridades: “El sistema portuario es un activo estratégico para Chile y ha demostrado ser eficiente y competitivo gracias a la participación privada. Hoy enfrentamos un punto de inflexión. Si no se actúa con urgencia, el país corre el riesgo de un retroceso logístico que afectaría al comercio exterior y a la economía”.
El gremio insta a los actores públicos y privados a coordinar acciones decididas para iniciar las licitaciones pendientes lo antes posible, garantizando la continuidad operativa y manteniendo a Chile a la altura de los estándares que exige el comercio global.
SOJ
