La empresa de seguridad Mira, responsable de la protección de la Central Hidroeléctrica Rucalhue, ha presentado una querella criminal en respuesta al grave atentado perpetrado en sus instalaciones. La acción legal, interpuesta a través del Estudio Jurídico Lex Pro Abogados, fue declarada admisible el jueves recién pasado por el Juzgado de Garantía de Santa Bárbara, dando inicio formal a la investigación judicial.
Según los detalles contenidos en la querella, los agresores irrumpieron en el recinto portando escopetas y presuntos fusiles de guerra, atacando con violencia a los guardias de seguridad que custodiaban el lugar. La abogada Camila Jara, parte del equipo legal a cargo del caso, explicó que los guardias fueron «reducidos, arrojados al suelo, amenazados de muerte y se les exigió la entrega de armas e información».
4 Delitos
La querella solicita la investigación de cuatro delitos específicos. El primero y central se refiere a la asociación terrorista, vinculada a la organización y ejecución del atentado con el objetivo de sembrar terror en la población. Este punto se fundamenta en la nueva Ley Antiterrorista, vigente desde febrero de 2025.
El segundo ilícito invocado es el de homicidio frustrado, por el intento de asesinato de uno de los guardias, frustrado gracias a la intervención de su compañero. El tercer delito alude a lesiones graves, considerando las agresiones físicas sufridas por uno de los guardias y el trauma psicológico padecido por el otro. Finalmente, se invoca el delito de amenazas condicionales, debido a las exigencias de cooperación bajo amenaza directa de muerte, con armas apuntando a la cabeza de los guardias.
El abogado Pablo Galarce resaltó la trascendencia de esta querella, al constituirse como una de las primeras en invocar la reciente Ley Antiterrorista chilena, promulgada para combatir con mayor eficacia los delitos organizados que buscan infundir miedo en la ciudadanía. «Antes no teníamos herramientas legales tan específicas; ahora, el Estado puede actuar con más fuerza. Esta ley permite penas más altas y facilita la persecución penal de estos hechos».
Además, se informó que esta acción legal se suma a otra querella previamente presentada por el nuevo Ministerio de Seguridad, lo que refuerza el peso institucional del caso.
La abogada Rocío Morales enfatizó que este atentado marca un punto de inflexión en la percepción de la seguridad en el país. «En Chile, antes veíamos el terrorismo como algo lejano, propio de otros países. Pero ahora está aquí y está afectando a nuestra población civil y laboral», advirtió, subrayando la necesidad de que estos hechos no queden impunes. El estudio jurídico ha sido enfático en su objetivo de lograr que los responsables sean procesados y condenados con el máximo rigor de la ley, considerando tanto el daño material como el profundo impacto humano causado.
La querella detalla cómo uno de los guardias fue víctima de un intento de homicidio, evitado por la valiente intervención de su compañero, quien a su vez sufrió lesiones graves al frustrar una tragedia mayor. El guardia sobreviviente al intento de homicidio presenta secuelas psicológicas significativas y actualmente recibe tratamiento especializado.
Una particularidad relevante de esta querella es que fue presentada no solo en representación de los guardias afectados, sino también por la empresa de seguridad Mira. La abogada Morales explicó que esto se ampara en una disposición del Código Procesal Penal que permite la interposición de querellas en delitos terroristas bajo una figura similar a la acción popular, incluso si el querellante no es una víctima directa. «La empresa estaba a cargo de la seguridad del lugar y se considera víctima tanto por el ataque a sus trabajadores como por la afectación a la función social que desempeñan».
Cabe recordar que el atentado incendiario afectó gravemente las dependencias de la Central Hidroeléctrica Rucalhue, ubicada en la frontera entre las comunas de Santa Bárbara y Quilaco, resultando en la quema de más de cincuenta vehículos y la agresión y amenaza a los dos guardias de seguridad que prestaban servicio en el lugar por parte de un grupo de encapuchados.
SOJ
