Gobierno presenta reserva de constitucionalidad.
Con una contundente mayoría de 99 votos a favor, la Cámara de Diputados dio luz verde a una indicación que busca someter al Presidente de la República, ministros, subsecretarios, gobernadores regionales y alcaldes a exámenes anuales de detección de drogas, basados en muestras de cabello y bajo estándares internacionales. La iniciativa, impulsada por las diputadas Paula Labra (RN), Yovana Ahumada (PSC) y Pamela Jiles (Ind.), generó un debate que dejó entrever distintas visiones dentro del espectro político.
La votación evidenció una fractura en el oficialismo. Si bien el proyecto contó con un amplio respaldo transversal, las diputadas del Frente Amplio, Lorena Fries y Maite Orsini, se alzaron como las únicas voces en contra. A ellas se sumaron 12 parlamentarios de las filas del Frente Amplio, el Partido Socialista y el Partido Comunista, quienes optaron por la abstención.
En paralelo a la aprobación de la indicación, la Cámara Baja respaldó un proyecto de resolución que insta al Presidente Gabriel Boric a otorgar urgencia a estas iniciativas, buscando acelerar su tramitación y eventual implementación.
Debate en Sala: Entre la Transparencia y las Dudas Constitucionales
Durante la discusión, el diputado Andrés Jouannet (Amarillos) defendió con vehemencia la propuesta, argumentando que la probidad exige que las altas autoridades estén libres del consumo de drogas durante el ejercicio de sus cargos. «Creo que no solo hay que aprobar el proyecto, sino que tenemos que trabajar justamente para que la droga, el narcotráfico, no permee la política», enfatizó.
La diputada Mónica Arce (Ind.-DC) respaldó la idea de controles, pero con una mirada más amplia: «Los controles deben ser para todas las autoridades, sin excepción y en todos los poderes del Estado, desde los parlamentarios hasta el presidente de la República y las autoridades que éste designe, como lo es su gabinete ministerial». En esa línea, propuso que los test fueran obligatorios al menos cuatro veces al año, incluyendo también la alcoholemia.
Desde el oficialismo, la diputada Lorena Fries (FA) cuestionó la efectividad y el enfoque del proyecto, planteando que «no le dan un enfoque que permita abordar distintas aristas, como por ejemplo que una persona que presenta dependencia respecto de las drogas es una persona enferma que requiere tratamiento». Advirtió sobre posibles problemas de privacidad y la falta de seriedad en el enfoque de la iniciativa, que a su juicio busca principalmente «estigmatizar o criminalizar».
El diputado socialista Marcos Ilabaca, si bien anunció su apoyo a la norma, expresó su preocupación por posibles problemas jurídicos que podrían llevar a su revisión por el Tribunal Constitucional, abogando por un perfeccionamiento en la comisión respectiva.
La diputada Camila Musante (Ind.-PPD) compartió la necesidad de que todas las autoridades se sometan a este tipo de exámenes, pero advirtió sobre «faltas de técnica legislativa» y sugirió que el objetivo de la moción podría ser meramente «para después salir a enrostrar el voto».
La aprobación de esta indicación marca un punto de inflexión en el debate sobre la probidad y la transparencia en la política chilena, abriendo un camino que aún deberá sortear obstáculos legales y encontrar un consenso sobre la mejor manera de implementar controles efectivos y respetuosos de los derechos fundamentales.
