El violento ataque, para el cual se ha invocado la aplicación de la Ley Antiterrorista y que perpetrado durante el fin de semana contra las obras de construcción de la Central Rucalhue, en la provincia del Biobío, ha dejado una profunda devastación en la región. Es el más grave atentado en los últimos 30 años, este hecho no solo ha ocasionado pérdidas materiales estimadas en más de 5 mil millones de pesos –las mayores registradas en la Macrozona Sur–, sino que también ha asestado un duro golpe a las micro y pequeñas empresas locales y generado una importante afectación al empleo.
Nueve empresas locales, en su mayoría subcontratistas y pequeñas transportistas que prestaban servicios a la hidroeléctrica, son las principales víctimas de este atentado. Transportes VSC, Opazo, Cancino, Rosales, GHC Servicios Industriales, CHEC, constructora Retro, transportes Talmak y CFHEC figuran entre las afectadas, quienes lamentan que, en su gran mayoría, no contaban con seguros que pudieran mitigar estas cuantiosas pérdidas.
Gremios y organismos empresariales de la zona alzaron la voz este lunes, enfatizando el profundo impacto del ataque: «Este ataque no solo representa un atentado contra la infraestructura y el desarrollo económico, sino también contra la estabilidad social y el bienestar de las comunidades». Subrayaron especialmente las consecuencias para los trabajadores, sus familias y toda la comunidad, ratificando que «este ataque impacta directamente en la calidad de vida de las personas residentes en zonas alejadas de los centros urbanos y en el empleo».
Tras el ataque incendiario, el Ministerio Público actuó con celeridad, instruyendo a la Policía de Investigaciones (PDI) para llevar a cabo las diligencias necesarias para identificar y capturar a los responsables. La investigación está a cargo del fiscal Carlos Díaz, quien lidera una «Fuerza de Tarea» integrada por brigadas tanto de Los Ángeles como de Santiago, lo que da cuenta de la complejidad y la prioridad del caso.
Vigilancia Permanente
En el marco de la investigación, se decretó una «medida de protección permanente» para las instalaciones de la Central Rucalhue, cuya implementación recaerá en Carabineros de Chile.
Respecto a las pesquisas en el sitio del suceso, la prefecta inspectora Claudia Chamorro, jefa regional de la PDI Biobío, informó que se han realizado «un sinnúmero de diligencias», priorizando el trabajo de campo por parte de detectives y del Laboratorio de Criminalística para la realización de pericias y el levantamiento de cualquier evidencia encontrada en el lugar. Todo el trabajo en terreno forma parte de la carpeta investigativa, la cual se mantiene bajo reserva dada la gravedad de los hechos.
Consultada sobre la existencia de registros visuales que pudieran aportar antecedentes relevantes, la prefecta inspectora Chamorro señaló que toda evidencia recopilada, incluyendo imágenes de cámaras de seguridad en caso de haberlas, forma parte de los antecedentes que maneja el Ministerio Público. La investigación avanza en un intento por esclarecer este grave ataque y llevar a los responsables ante la justicia.
SOJ
