Chile gasta como país desarrollado, pero redistribuye como país desigual. El gasto fiscal per
cápita ha crecido de forma sostenida en las últimas décadas, acercándose al promedio de la
OCDE. Sin embargo, el impacto redistributivo de ese gasto sigue siendo marginal: el
coeficiente de Gini baja apenas de 0,51 a 0,46 después de impuestos y transferencias. En
otras palabras, tenemos un Estado grande que no logra mover la aguja de la desigualdad.
¿Por qué? Porque el sistema de inversión pública opera bajo una lógica que privilegia la
eficiencia numérica por sobre la equidad territorial. El criterio de “rentabilidad social”
—una fórmula que pondera número de beneficiarios versus monto invertido— tiende a
favorecer sistemáticamente a las zonas más densamente pobladas. No por necesidad, sino
por escala. Y eso convierte al lugar de nacimiento en un factor determinante para el acceso a
bienes públicos.
Así, mientras algunas comunas metropolitanas discuten su cuarta estación de metro, otras
siguen esperando agua potable o un camino pavimentado. La desigualdad ya no es solo de
ingresos: es geográfica, institucional y profundamente estructural. Como advirtió Alain
Bertaud, “donde no hay presencia del Estado, no hay libertad real”. Y en Chile, esa libertad
se reparte con criterios tan arbitrarios como el código postal.
El problema no es cuánto gasta el Estado, sino cómo y dónde lo hace. Y mientras el territorio
no sea parte del diseño —no solo una variable técnica, sino una dimensión política—, la
inversión pública seguirá alimentando la inequidad que dice combatir. Porque cuando el
Estado trata distinto según el lugar donde uno nace, lo que se fractura no es solo la equidad:
es el pacto democrático.
En un año electoral como este, con elecciones parlamentarias y presidenciales en el
horizonte, abrir este debate es urgente. No se trata sólo de descentralizar como gesto, sino
de dotar a los órganos subnacionales del Estado —gobiernos regionales y municipios— de
mayor autonomía política, administrativa y fiscal. Solo así podrán gestionar su propio
desarrollo con mayor pertinencia, responder a las necesidades reales de sus comunidades y
cerrar las brechas arbitrarias que hoy dividen al país. Es hora de avanzar hacia una
asignación de bienes públicos más justa, más equitativa y más digna, que no dependa del
lugar donde se nace, sino del compromiso de construir un país que trate con igualdad a
todos sus territorios.
Augusto Parra Ahumada
Presidente de la Fundación República en Marcha
