Un escándalo sacude los cimientos del sistema judicial en la región de La Araucanía. La Corte de Apelaciones de Temuco ha ordenado la apertura de un sumario administrativo contra una funcionaria del Juzgado de Letras de Loncoche, tras ser denunciada por mantener un perfil activo en una plataforma de contenido sexual. La gravedad del caso se intensifica al sumarse acusaciones de su presunta participación en una banda dedicada a la estafar a adultos mayores en transacciones inmobiliarias.
La denuncia formal fue interpuesta por el propio Juzgado de Letras de Loncoche ante el Poder Judicial, lo que motivó la rápida intervención de la Corte de Apelaciones de Temuco. El tribunal de alzada, en ejercicio de sus facultades y en conformidad con la normativa vigente, ordenó al Tribunal Pleno iniciar el sumario administrativo correspondiente, remitiendo de inmediato los antecedentes a la Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones, organismo encargado de llevar adelante la investigación. Actualmente, los hechos se encuentran en plena etapa de indagación, proceso que se está llevando a cabo bajo estricta reserva.
Fuentes cercanas al caso señalaron al medio Emol la incompatibilidad de la conducta de la funcionaria con los principios éticos que rigen al Poder Judicial. «Eso está estipulado en los Auto Acordados relativos a la Ética Judicial. Uno de ellos es el principio 1, que habla de Dignidad. ‘Todo miembro del Poder Judicial, deberá ejercer su cargo con dignidad, absteniéndose de toda conducta contraria a la seriedad y decoro que el mismo exige'», explicaron. Además, hicieron referencia al principio de «Sobriedad», que establece que los funcionarios judiciales deben demostrar templanza y austeridad tanto en su labor como en su vida social, evitando cualquier ostentación que pueda generar dudas sobre su honestidad e integridad personal.
La situación de la funcionaria se complica aún más con las graves acusaciones de su presunta vinculación a una organización criminal dedicada a la estafar a personas mayores. Según lo publicado por Araucanía Diario, la denuncia detalla su «participación en una banda organizada dedicada a estafar adultos mayores, especialmente en la adquisición fraudulenta de propiedades».
Este doble escándalo ha generado una profunda conmoción en el ámbito judicial local, poniendo en tela de juicio la integridad y la imagen del Poder Judicial en la región. La investigación administrativa buscará esclarecer la veracidad de ambas denuncias y determinar las eventuales responsabilidades de la funcionaria, quien se enfrenta a serias consecuencias en caso de que se confirmen los hechos imputados. La comunidad espera que la justicia actúe con celeridad y transparencia para restaurar la confianza en sus instituciones.
SOJ
