La reciente decisión del Tribunal Constitucional de destituir a la senadora Isabel Allende marca un momento crucial para nuestra democracia. Más allá del nombre y del peso histórico que representa, este fallo remece la política chilena porque nos obliga a reflexionar sobre el respeto irrestricto a la Constitución y las leyes, la transparencia en el ejercicio del poder, como la probidad y los límites éticos de la función pública cuando se ejerce como autoridad.
La senadora Allende ha sostenido que actuó de buena fe, sin obtener beneficio económico personal por la frustrada venta de la casa de su padre al Estado. Sin embargo, la normativa constitucional y legal vigente es clara: los parlamentarios tienen prohibido celebrar contratos con el Estado, directa o indirectamente, incluso si su intención no fue enriquecerse. Porque en la función pública, no solo importa lo que se hace, sino también cómo se percibe. La sola apariencia de un conflicto de interés debilita la confianza ciudadana en las instituciones y erosiona la credibilidad de la democracia.
Por su parte el Gobierno ha calificado esta destitución como un “precedente grave”. Sin embargo, lo verdaderamente grave sería y es relativizar el cumplimiento de la ley en función de trayectorias personales o simbolismos históricos. En Chile no puede haber zonas de excepción. Todos los ciudadanos, sin importar su apellido o cargo, deben someterse a las mismas reglas. Es por ello que espero que la justicia llegue hasta las últimas consecuencias en la investigación y se determinen las responsabilidades penales de quienes o quien buscó generar la bullada compra de la casa de la familia Allende.
No se trata de celebrar una caída ni de perseguir una figura respetada por su trayectoria o nombre. Se trata de reafirmar un principio fundamental: en el Chile que queremos construir, el poder debe ejercerse con responsabilidad, con transparencia y sin privilegios.
La destitución de la senadora Allende es un mensaje claro para toda la clase política: el compromiso con la ética y la legalidad no es optativo, es una exigencia básica del servicio público.
Robert Contreras Reyes
Ex gobernador de la provincia de Concepción
Dirigente regional RN del Biobío
