Carlos Uslar, a la derecha, en compañía del director del Fosis de Ñuble, Claudio Guíñez.
Carlos Alfredo Uslar Venegas, de 38 años, es el nuevo seremi de Justicia y Derechos Humanos de la Región del Biobío. Su cargo comenzó a ser servido desde hoy 17 de febrero de 2025.
Uslar es abogado titulado en la Universidad Católica de la Santísima Concepción y ha trabajado en la Delegación Presidencial Regional de Ñuble y de la Delegación Presidencial de Itata. También se ha desempeñado en el Juzgado de Familia de Chillán y en distintos juzgados de garantía.
La nueva autoridad va se va a tener que hacer cargo del anunciado traslado de 285 reclusos desde Santiago a Biobío y también tendrá que enfrentar la enorme polémica en la región por el desplazamiento de casi 300 internos. Tanto autoridades como funcionarios penitenciarios han manifestado su rechazo a esta medida, argumentando que el recinto ya opera en condiciones precarias y que el aumento de la población penal pondría en riesgo la seguridad y el bienestar de todos. A lo anterior, se suma a los casi seis meses (161 días) sin que la actual delegación presidencial de la Región del Biobío, designe a un seremi de justicia y derechos humanos titular. La repartición permanece cerca de medio año acéfalo.
El vicepresidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), Esteban Yáñez, denunció la falta de personal y equipos básicos de seguridad, señalando que actualmente cuentan con 3 o 4 funcionarios para 200 reos, una situación que calificó como «totalmente desproporcionada». Además, criticó que los propios funcionarios tengan que comprar sus equipos de protección, como gases disuasivos, debido a la falta de recursos.
Por su parte, el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, calificó el traslado como «una pésima noticia para la región» y cuestionó que no se haya tomado en cuenta la opinión de los funcionarios del penal. La diputada independiente Marlene Pérez también se sumó a las críticas, calificando la decisión como un «error grave» y una medida «arbitraria» que no considera el impacto local. Pérez instó al ministro de Justicia a buscar soluciones reales para la crisis carcelaria en lugar de «tratar a los internos como encomiendas». Desde el Ministerio de Justicia y Gendarmería declinaron referirse al tema por motivos de seguridad.
SOJ
