A los Tres formalizados se les imputan cinco delitos: robo con violencia, homicidio calificado de carabinero en servicio, incendio de un vehículo, porte ilegal de armas de fuego y trasladado de restos humanos.
Un trágico suceso que conmocionó al país tuvo un nuevo capítulo en el tribunal de garantía de Cañete. Felipe Antihuen Santi, Yeferson Antihuen Santi y Nicolás Rivas Paillao fueron formalizados y se les dictó prisión preventiva como autores del brutal asesinato de los carabineros Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal, ocurrido el 27 de abril pasado. Se definió un plazo de seis meses para la investigación.
Los hechos, que sacudieron a la opinión pública, se remontan a una emboscada perpetrada en una zona rural de Cañete mientras los funcionarios policiales realizaban un procedimiento de rutina. Los atacantes dispararon contra los uniformados, los despojaron de sus armas y chalecos antibalas, y posteriormente incendiaron el vehículo policial con los cuerpos en su interior.
Durante la audiencia de formalización, el Ministerio Público presentó contundentes pruebas que vinculan a los imputados con el crimen, incluyendo peritajes balísticos, análisis de ADN y testimonios de testigos. La Fiscalía sostuvo que los acusados actuaron con premeditación y alevosía, lo que agrava la gravedad de los delitos.
La defensa, por su parte, solicitó la libertad de sus representados, argumentando que las pruebas presentadas no eran suficientes para acreditar su culpabilidad. Sin embargo, el juez de garantía acogió los argumentos de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva para los tres imputados.
En la ejecución dejaron de existir el sargento Carlos Cisterna (43) y los cabos primero Sergio Arévalo (34) y Misael Vidal (30), quienes acudieron a un procedimiento de rutina para la revisión de medidas cautelares de Carlos Antihuen Riquelme (37) en una zona rural de Cañete. Allí, según la investigación del Ministerio Público, fueron atacados por sorpresa, sometidos, despojados de sus chalecos antibalas y armas, y luego ejecutados de rodillas. Tras esto, los subieron al pick up de la camioneta policial, los trasladaron unos kilómetros y quemaron el vehículo con los cuerpos en el interior. «Riesgo de fuga y reincidencia» Durante la audiencia de formalización, el juez Cristián Rosenberg de la Fuente acogió la solicitud de la Fiscalía de decretar la medida cautelar más gravosa al estimar que la libertad de los tres imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, consideró que «existe un alto riesgo de fuga de no decretarse medidas restrictivas de libertad», y que también «existe un alto riesgo de que las personas puedan reincidir». Junto con esto, el juez ordenó el traslado de los tres formalizados al recinto penitenciario de alta seguridad de la Región Metropolitana (REPAS)
Este trágico suceso ha generado una profunda conmoción en la comunidad de Cañete y en todo el país, generando un amplio rechazo a la violencia y un llamado a fortalecer las medidas de seguridad para proteger a los funcionarios policiales.
La investigación continúa en curso y se espera que en los próximos meses se esclarezcan todos los detalles de este lamentable suceso.
