Ante la sobrepoblación que se registra en el sistema penitenciario, el cual según datos de Gendarmería de mayo de este año llega al 33%, se ha generado un debate respecto a la instalación de nuevas cárceles. En este contexto, el Gobierno busca instalar dos recintos penitenciarios para albergar delincuentes de alta peligrosidad. Uno de ellos se encuentra en Tiltil, cercano a Punta Peuco y a un establecimiento del Sename, y podría albergar a más de 2.500 presos, en tanto que el otro tendría capacidad para 1.000 plazas y estaría ubicado en Santiago.
El Ministerio de Justicia, según el medio La Tercera, tiene la intención de construir en corto plazo una cárcel especial para presos relacionados con el crimen organizado, así como también aumentar el número de plazas en la Región Metropolitana, que tiene niveles de ocupación elevados del 150,3%. Este terreno de 26 hectáreas es parte de un proyecto iniciado en 2010, que contemplaba la capacidad de acoger 2.500 condenados y fue denominado «Santiago Dos». Pero al comenzar los estudios para iniciar las obras, se percataron de que los pozos de agua estaban vacíos debido a la sequía que ha afectado a esa zona.
De todas formas, el Gobierno busca hoy una alternativa para comprar agua, ya que por la zona existe un ducto que suministra dicho elemento desde una planta desalinizadora de Aguas Pacífico hacia la minera Anglo American, por lo que el Ejecutivo estaría en negociaciones para dar con la solución. De llegar a una acuerdo, fuentes del Palacio de la Moneda señalaron a dicho medio que permitiría la posibilidad de readecuación de Punta Peuco -penal que alberga a condenados por violaciones a los derechos humanos y que fue descartado su cierre a comienzos de este mes-, con lo que se podría acoger a delincuentes de baja peligrosidad.
¿Un barrio penitenciario?
El Gobierno también busca instalar otra cárcel en Pedro Montt de Santiago, creando así un «barrio penitenciario», ya que estaría entre Santiago Uno y las oficinas de Gendarmería, conectado con la Unidad Especial de Alta Seguridad y permitiría habilitar 1.000 plazas para condenados. Sin embargo, el espacio pertenece al Ejército y en él está instalado el Instituto de Investigaciones y Control de la institución castrense. Por ello, el Ejecutivo se encuentra realizando diferentes acciones para que el terreno sea reasignado a la cartera de Justicia. No existe un cronograma establecido para la materialización de esta cárcel especial, encontrándose a la espera de que se destraben los inconvenientes, pero el objetivo es que se puedan iniciar las obras de los recintos penitenciarios antes del término de la administración del Presidente Gabriel Boric.
