Sara Parada
Directora Obstetricia UNAB Santiago
En tiempos en que Chile observa con preocupación la sostenida disminución de la natalidad, resulta especialmente difícil comprender que una mujer en trabajo de parto haya quedado detenida en un peaje por no contar con $2.500 en efectivo, produciéndose finalmente el nacimiento.
No se trata sólo de una barrera que no se levantó. Se trata de uno de los momentos más sagrados de la experiencia humana: recibir la maravilla de una nueva vida. Un instante que debiera estar protegido por el respeto, la dignidad y el cuidado de un nuevo ser humano, y que terminó condicionado por un procedimiento de cobro. Existe aquí una paradoja que debiera interpelarnos: nos preocupa que nazcan menos niños, pero ¿qué señal entregamos como sociedad cuando una familia, precisamente en el momento de recibir una nueva vida, no puede acceder a una atención digna y oportuna por una barrera social y administrativa?
Los derechos humanos también se expresan en estas decisiones cotidianas. Una emergencia no puede depender únicamente del criterio individual de quien atiende una caseta. Deben existir protocolos claros que permitan reconocer una urgencia, actuar oportunamente y resguardar la vida y la dignidad humana. Este caso requiere más que disculpas. Requiere revisar protocolos y recordar algo esencial: ninguna barrera, ningún procedimiento administrativo y ningún monto pueden estar por encima del valor de la vida.
