«Las instituciones son las reglas del juego de una sociedad». Douglass North demostró que el desarrollo depende de la calidad institucional y de la capacidad del Estado para reducir la incertidumbre. Acemoglu y Robinson profundizaron esa idea al sostener que las naciones prosperan cuando sus instituciones generan incentivos para invertir, innovar y emprender. Desde esa perspectiva, la Mega Reforma constituye el esfuerzo más importante de los últimos años por recuperar la competitividad institucional de Chile. La reducción gradual del impuesto corporativo, la invariabilidad tributaria para grandes proyectos de inversión y la modernización del sistema de autorizaciones sectoriales marcan un cambio de paradigma: comprender que la certeza regulatoria también constituye una política de desarrollo.
Durante años Chile preservó una reconocida estabilidad macroeconómica, pero convivió con un sistema regulatorio crecientemente complejo. Permisos extensos, competencias superpuestas, duplicidades administrativas y elevados costos de transacción fueron deteriorando silenciosamente nuestra capacidad para atraer inversión. El problema no era únicamente tributario; era, sobre todo, institucional. La modernización del sistema de autorizaciones sectoriales, la denominada Ley de Permisología, reconoce precisamente esa realidad. Simplificar procedimientos, avanzar hacia ventanillas únicas, fortalecer la interoperabilidad institucional y reducir los tiempos de tramitación no significa disminuir los estándares ambientales, sanitarios o patrimoniales. Significa construir un Estado capaz de proteger eficazmente esos bienes públicos sin convertir la burocracia en un freno para el crecimiento.
En el escenario internacional esta discusión adquiere una dimensión aún mayor. Hoy los países compiten geopolítica y geo-económicamente por atraer inversión, cadenas globales de valor, innovación, infraestructura estratégica y talento. La calidad de las instituciones se ha transformado en un activo competitivo. Argentina comprendió esa realidad mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que entrega estabilidad tributaria, regulatoria y cambiaria de largo plazo para proyectos estratégicos con el propósito de atraer capitales de gran escala. Perú, por su parte, impulsa las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP) como espacios con incentivos diferenciados para promover inversión, innovación, exportaciones y empleo de alto valor agregado. Esa estrategia se articula con el desarrollo de los nodos logísticos de Chancay y Callao, concebidos como plataformas para posicionar al Perú como uno de los principales centros logísticos y comerciales del Pacífico Sur y como puerta de entrada entre Sudamérica y Asia.
Como sostuvo Paul Romer, el crecimiento económico sostenido depende de la capacidad de construir ecosistemas donde la infraestructura, conocimiento, innovación e instituciones convergen para reducir costos de transacción, elevar la productividad y generar nuevas oportunidades de desarrollo. Chile no podía permanecer ajeno a esa competencia. Mantener un sistema lento, fragmentado e incierto significaba resignar inversiones, empleo y crecimiento frente a economías que fortalecen deliberadamente sus ventajas institucionales. Por ello, la Mega Reforma merece ser valorada. No porque garantice por sí sola un nuevo ciclo de desarrollo, sino porque devuelve a Chile a la competencia por atraer inversión en un entorno internacional cada vez más exigente.
Pero precisamente allí surge la pregunta más importante: ¿Qué sigue? La Mega Reforma constituye una excelente primera generación de reformas para recuperar competitividad tributaria y regulatoria. Ahora corresponde impulsar una segunda generación de reformas destinada a construir un Estado competitivo. Esa agenda debería descansar sobre cinco pilares:
00000 Primero, una regulación inteligente basada en interoperabilidad, ventanillas únicas, plazos ciertos y la institucionalización del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) ex ante, para que toda regulación relevante incorpore evaluaciones técnicas de sus efectos económicos, sociales y fiscales. Regular mejor significa legislar con evidencia.
00000 Segundo, una transformación digital profunda del Estado, capaz de convertir información en datos estratégicos para avanzar hacia decisiones basadas en evidencia, utilizando inteligencia artificial bajo un sólido marco ético que garantice derechos fundamentales, trazabilidad y accountability.
00000 Tercero, fortalecer la transparencia y la probidad para avanzar hacia un Estado cuyas decisiones sean cada vez más legibles, justificadas y auditables por la ciudadanía.
00000 Cuarto, modernizar el empleo público fortaleciendo el mérito, la carrera funcionaria, la memoria institucional y las capacidades técnicas necesarias para enfrentar crecientes niveles de complejidad, optimizando simultáneamente la eficiencia del gasto público.
00000 Quinto, profundizar la descentralización fortaleciendo las capacidades de los gobiernos subnacionales para que logren articular y liderar gobernanzas multinivel y multisectoriales orientadas a gestionar, con pertinencia su propio desarrollo.
A ello debiera sumarse una regla de responsabilidad fiscal con rango constitucional, acompañada de condiciones estrictamente excepcionales para la contratación de deuda pública y de una trayectoria creíble de convergencia fiscal hacia 2028, fortaleciendo la sostenibilidad de las finanzas públicas y la confianza de inversionistas y ciudadanos. Estas cinco dimensiones deben complementarse con tres grandes agendas nacionales: una reforma al sistema político que fortalezca la gobernabilidad, eleve la densidad técnica de la deliberación pública y facilite el diálogo y la búsqueda de consensos; una agenda intensiva de impulso al crecimiento, productividad y empleo; y una agenda que contenga medidas políticas, legislativas y administrativas claras y firmes en materia de seguridad, combate al crimen organizado y control de la migración irregular.
Desde Adam Smith hasta Douglass North, desde Acemoglu y Robinson hasta Paul Romer, la conclusión es consistente: la prosperidad no depende únicamente de mercados dinámicos ni de abundantes recursos naturales. Depende de instituciones capaces de generar confianza, estabilidad, innovación y reglas predecibles. La Mega Reforma constituye un primer paso relevante. El verdadero desafío consiste ahora en construir la segunda generación de reformas que permita consolidar un Estado moderno, inteligente, eficiente y confiable. Porque la competencia del siglo XXI ya no se libra únicamente entre empresas. Se libra, sobre todo, entre Estados capaces de crear las mejores condiciones para que las personas, el talento y la inversión puedan desplegar todo su potencial.
* Augusto Parra Ahumada, ingeniero comercial, Postgrado en Ciencias Políticas, Universidad de Concepción.
