Una trama sumamente compleja, que mezcla burocracia, posibles sobornos y la vulneración sistemática de las fronteras chilenas, acaba de estallar en el corazón del sistema migratorio. Lo que comenzó como una revisión de rutina escaló a una investigación penal de oficio liderada por el fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, tras detectarse un presunto esquema organizado dedicado al tráfico ilícito de menores de edad procedentes de Haití.
La alarma la encendió el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) y la Contraloría General de la República, apoyados por la PDI. El modus operandi al descubierto resulta alarmante: un grupo reducido de adultos —apenas una docena de personas— ingresó repetidamente al país fingiendo ser tutores legales de decenas de niños. Sin embargo, detrás de estos viajes no había lazos de sangre ni permisos legales, sino un vacío documental absoluto.
Las cifras de la sospecha
El informe de auditoría que desató la crisis revela un flujo migratorio descontrolado entre enero y abril de 2025:
- +3.200: Ciudadanos haitianos ingresaron con residencia temporal, la mayoría apelando a la «reunificación familiar».
- +200: Es la cifra estimada (y catalogada como «conservadora») de menores que habrían entrado bajo este engaño.
- 30: El insólito número de niños que un solo adulto llegó a representar como «responsable».
«Estamos hablando de un grupo muy organizado. Una sola persona no puede representar a más de una treintena de niños; eso llama poderosamente la atención», advirtió con dureza el fiscal Eugenio Campos, director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional.
La ruta de la impunidad: ¿Complicidad interna?
El caso no solo apunta a las mafias transnacionales, las agencias de viajes o las aerolíneas involucradas en los traslados. La lupa de la Fiscalía está puesta hoy sobre las propias fronteras chilenas. Las autoridades indagan una preocupante falta de verificación de antecedentes al momento del arribo, lo que abre la puerta a una sospecha mayor: la cooperación de funcionarios públicos.
La Fiscalía ya rastrea tres delitos clave en esta línea:
- Cohecho y soborno: Funcionarios chilenos que habrían operado en infracción de sus deberes para facilitar los accesos.
- Corrupción internacional: Eventual complicidad de empleados públicos extranjeros.
- Falsificación de instrumento público: Uso de documentos adulterados para burlar los controles de los menores.
El paradero desconocido: La mayor urgencia
Más allá de los engranajes judiciales, la verdadera crisis es humana y de seguridad. A día de hoy, el Estado chileno no sabe dónde están los niños. Al revisar los domicilios declarados en los programas de reunificación, se descubrió que los menores no residen con los adultos que los trajeron, ni existen registros de su paradero actual. «No sé si están ocultos o no, pero tenemos que determinar su ubicación», reconoció el fiscal Campos, asumiendo que este es el punto más crítico de la indagación.
Ante el revuelo, la respuesta política no se hizo esperar. El Presidente José Antonio Kast calificó el escenario como «gravísimo» a través de sus canales oficiales, asegurando que el Ejecutivo pondrá toda la presión y los antecedentes a disposición de los tribunales. «Vamos a colaborar para que se haga justicia y se exijan las responsabilidades que correspondan», enfatizó el mandatario, en un caso que promete remover los cimientos del control migratorio en el país.
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