La ministra de Educación, María Paz Arzola, intervino este martes 22 de abril ante la Comisión de Educación del Senado sobre el proyecto denominado por el Gobierno «Escuelas Protegidas», aprobado en la víspera por la Cámara de Diputados. La secretaria de Estado destacó en el inicio del segundo trámite los programas incluidos para el desarrollo y bienestar socioemocional para acompañar a los estudiantes, que evidencian algún tipo de problemas de conducta o de comportamiento. Por ejemplo, «A convivir se aprende» o «Habilidades para la vida».
«Existe una oferta programática, existen iniciativas, existe una coordinación intersectorial y también existe una oferta que, desde nuestro punto de vista, todavía tiene potencial de ser mejorada para realmente constituirse en un apoyo apropiado para los colegios. También está el desafío de avanzar en la implementación de la Ley de Convivencia. Tenemos que seguir poniendo los esfuerzos ahí», aseveró.
La ministra reparó en que las medidas que se aplicarán se harán de forma focalizada: «Lo que nos convoca hoy día, más allá de eso, las acciones que nosotros estamos proponiendo en este proyecto (algunas de ellas, como es la revisión de mochila), probablemente no van a ser necesarias en todos los colegios. Lo mismo que lo de los detectores de metales, incluida en la ley de convivencia. El problema de los delitos en colegios está instalado, pero no necesariamente en todos». Desde la oposición, la parlamentaria DC, Yasna Provoste, tras la exposición de Arzola, criticó la falta de recursos para respaldar las mayores responsabilidades que tendrán las comunidades escolares, sin mencionar que las arcas fiscales quedaron bastante reducidas tras el término de la Administración anterior.
El Ministerio de Justicia, paralelamente, anunció la próxima presentación de una propuesta que permita, precisamente, hacer efectiva la responsabilidad de padres y madres frente a los hechos protagonizados por sus hijos. En tanto, la Comisión de Educación de la Cámara Alta deberá iniciar el análisis de un proyecto ingresado por parlamentarios para establecer la responsabilidad de apoderados en materia de acoso escolar. Esto, una vez terminada la discusión de «Escuelas Protegidas».
