El Gobierno abordó este jueves 9 de abril en La Moneda, la agresión sufrida por la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia, episodio que marcó la agenda del comité de ministros durante la mañana. Tras la reunión, la ministra de Educación, María Paz Arzola, confirmó que el Ejecutivo está disponible para evaluar cambios al proyecto de ley «Escuelas Protegidas», recientemente ingresado al Congreso, a raíz de estos hechos de violencia.
Eventuales medidas en la Educación Superior
La secretaria de Estado explicó que, si bien la iniciativa actualmente apunta a sancionar a quienes sean condenados por hechos violentos, existe apertura a discutir indicaciones que amplíen su alcance, incluyendo eventuales y similares medidas, ahora en la Educación Superior. «A nosotros lo que nos importa hoy es avanzar rápidamente con medidas que son urgentes, específicamente para el espacio escolar», afirmó, agregando sin embargo que «si los parlamentarios quieren añadir indicaciones que permitan fortalecer el proyecto, nosotros estamos dispuestos a conversar». Enfatizó que el objetivo es «dar una señal clara, transversal, contra la violencia, contra las agresiones en los espacios educativos, sean escolares o sean en educación superior».
La bancada de diputados de la UDI, por su parte, anunció una iniciativa que pretende quitar la gratuidad de quienes participen en hechos de violencia en la Educación Superior. La jefa de la bancada, Flor Weisse, afirmó que «no queremos que el proyecto actual (de Escuelas Protegidas) tenga un trámite más lento, no queremos entorpecerlo. Queremos ir más allá y lo dijimos; deseamos que sea el ‘desde'». Sobre esto, Arzola aseguró estar dispuesta a conversar «con el oficialismo, con la oposición y con todos los que quieran mejorar este proyecto. Nos importa dar una señal clara y transversal contra la violencia en los espacios educativos».
«Encerrona violenta a una autoridad de Gobierno»
El Ejecutivo sigue de cerca las investigaciones, tanto internas de la Universidad Austral como las diligencias en curso, mientras que el Ministerio del Interior confirmó la identificación de 13 personas presuntamente involucradas en la agresión. En este contexto, la vocera de Gobierno, Mara Sedini, señaló que lo ocurrido no correspondió a «una manifestación legítima», sino a una «encerrona violenta a una autoridad de Gobierno», y valoró «la condena transversal que ha existido sobre el tema, pero Chile necesita más que declaraciones». Aseveró: «Necesitamos acciones concretas. Todos sabemos que hay sectores en el mundo político que están de acuerdo con las manifestaciones violentas, las apoyan y han sido parte de levantamientos sociales violentos los últimos años en nuestro país. Siempre hemos estado en contra de la violencia y a favor del diálogo, y creemos que la política se hace a través de las instituciones y no con la revolución y la destrucción».
