Lo que comenzó como una fatídica madrugada de marzo en las costas del Biobío, ha escalado hoy a una de las batallas judiciales más tensas del último tiempo. Este miércoles, en el Juzgado de Garantía de Coronel, la fiscal regional Marcela Cartagena formalizó al capitán Roberto Mansilla, junto a un piloto y un vigía del pesquero industrial Cobra, por su responsabilidad en el naufragio de la lancha Bruma, donde siete pescadores artesanales perdieron la vida.
Negligencia en alta mar: Entre el cuasidelito y el homicidio
La imputación oficial apunta al homicidio culposo reiterado, una calificación que, sin embargo, no deja conformes a las familias de las víctimas. Mientras el Ministerio Público avanza bajo la figura de cuasidelito, los querellantes exigen una vara más alta: homicidio simple.
El abogado Rafael Poblete, representante de las familias, fue tajante al describir el escenario: «El nivel de negligencia al no supervisar lo que ocurría en alta mar es incalificable». Esta postura no solo busca la prisión preventiva para los tripulantes, sino que apunta directamente a la cúpula corporativa, solicitando la intervención judicial de la empresa Blumar, dueña de la embarcación industrial.
Los audios que lo cambian todo
La presión sobre los imputados se ha intensificado tras la filtración de pruebas clave: audios y mensajes de texto donde la tripulación del Cobra admitía haber colisionado con una «lanchita». Este antecedente, sumado al informe de la Armada que concluye que no se cumplieron los protocolos de rescate, refuerza la tesis de que la tragedia pudo evitarse o, al menos, mitigarse.
Claves de la jornada judicial:
- Imputados: Capitán, piloto y vigía del pesquero industrial Cobra.
- La Tragedia: Colisión ocurrida el 30 de marzo de 2025 frente a la Isla Santa María.
- Ofensiva legal: Los querellantes piden el nombramiento de un interventor para la persona jurídica (Blumar).
- Próximos pasos: La audiencia, marcada por recesos constantes dada su complejidad, se extenderá hasta este jueves, día en que se definirán las medidas cautelares.
El país observa con atención un proceso que no solo busca castigar una maniobra errática en el mar, sino que pone en tela de juicio la ética del sector industrial frente a la vulnerabilidad de la pesca artesanal.
EO
