La Junta de Vigilancia del Río Chillán formalizará la denuncia ante la Dirección General de Aguas (DGA) de Ñuble tras detectar desvíos masivos en Los Pellines. El gremio confía en que el futuro ministro de OO.PP., Martín Arrau, priorice la fiscalización hídrica debido a su conocimiento del territorio.
En un escenario de escasez hídrica crítica, el río Chillán enfrenta una amenaza sin precedentes en su propio origen. La Junta de Vigilancia del Río Chillán (JVRC) ha denunciado una intervención masiva e ilegal en el sector de Los Pellines, donde particulares han «blindado» el acceso a la naciente para desviar, de forma arbitraria, gran parte del caudal hacia canales privados.
Ante la gravedad de los hechos, el organismo anunció que presentará una denuncia formal ante la Dirección General de Aguas (DGA) de Ñuble para que se investigue esta supuesta irregularidad, la cual consideran un saqueo directo al patrimonio hídrico de la región.
Cifras de un saqueo: El 50% del río fuera de curso
Las estimaciones técnicas son alarmantes. Se calcula que el desvío ilegal alcanza entre 500 y 600 litros por segundo, lo que representa cerca de la mitad del caudal total del río en esta época de sequía.
«Particulares intervinieron completamente el cauce, instalaron un portón y nos impiden el acceso para fiscalizar. El agua está siendo desviada hacia un destino que desconocemos, sin que una sola gota vuelva al río, y sin contar con derechos de aprovechamiento inscritos», sentenció Héctor Jaque, presidente de la JVRC.
Esperanza en el nuevo liderazgo del MOP
La Junta de Vigilancia no solo apuesta por la vía administrativa, sino también por una gestión política de alto nivel. Existe una marcada esperanza en que el futuro Ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, tome cartas en el asunto una vez asuma su cargo.
El optimismo del gremio se sustenta en que Arrau posee un conocimiento técnico y territorial profundo de la zona, tras haberse desempeñado como presidente de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble. «Esperamos que el futuro ministro, quien conoce perfectamente la realidad hídrica de nuestra región, lidere una fiscalización rigurosa para que este problema se solucione de raíz y se sancione a los responsables con el máximo rigor de la ley», señalaron desde el organismo.
Bombas y plásticos: El impacto en los regantes
El robo de agua no se limita solo a la naciente. Alexis Ferrada, repartidor de aguas del río, denunció la presencia de bombas ilegales que extraen cerca de 42 litros por segundo de forma irregular. «Cuando se corta el río con plásticos o bocatomas artesanales para uso privado y turismo, el agua deja de volver al cauce y se pierde para la cuenca», advierte Ferrada.
El impacto directo lo sufren los 35 canales de riego y las comunidades agrícolas aguas abajo, quienes ven amenazada su subsistencia por acciones que ocurren en la impunidad de la cordillera. Con la denuncia en la DGA y la mirada puesta en las futuras autoridades del MOP, los regantes del Chillán esperan que el agua, finalmente, vuelva a su curso natural.
SOJ
