La compañía liderada por la familia Fernández activó la primera gran batalla judicial del sector industrial pesquero. Tras meses de advertencias, la pesquera ingresó una demanda civil exigiendo una indemnización millonaria por lo que consideran una «expropiación de derechos» que altera las reglas del juego hasta el año 2040.
El sábado pasado, el 18° Juzgado Civil de Santiago recibió un documento que marca el inicio de una fase de judicialización de alta intensidad para el fisco chileno. La Compañía Pesquera Camanchaca, asesorada por el reputado abogado Jorge Bofill (socio de Bofill y Ramos), formalizó su demanda contra el Estado de Chile buscando un resarcimiento económico estimado en US$ 100 millones.
Crónica de una colisión anunciada
La disputa tiene su origen en la Ley N° 21.752, más conocida como la Ley de Fraccionamiento, aprobada en junio de 2025 y cuya implementación comenzó a regir este enero de 2026. La normativa modificó drásticamente los porcentajes de captura de recursos estratégicos como el jurel, la merluza y la anchoveta, quitando terreno al sector industrial para favorecer al artesanal.
Camanchaca ya había advertido en marzo de 2025 que no se quedaría de brazos cruzados. Al concretarse el cambio en las cuotas —que originalmente estaban blindadas hasta 2032 por la ley de 2013 y que ahora se proyectan bajo un nuevo esquema hasta 2040—, la firma activó el «botón de pánico» judicial.
Los tres pilares de la demanda
El libelo presentado por Bofill desglosa el perjuicio en puntos clave que cuestionan la legitimidad de la reforma:
- Vulneración del Derecho de Propiedad: La empresa sostiene que las Licencias Transables de Pesca (LTP) no son meros permisos administrativos, sino derechos de propiedad legítimos que el Estado ha recortado sin mediar indemnización, configurando una expropiación de facto.
- Incertidumbre y Daño Patrimonial: Camanchaca argumenta que invirtió millones de dólares en flota y tecnología basándose en un marco legal que el Estado alteró arbitrariamente. La reducción de capturas deja hoy capacidad instalada ociosa y compromete la viabilidad de sus plantas en la zona centro-sur.
- Lucro Cesante: Los US$ 100 millones solicitados buscan cubrir la caída de ingresos proyectada para las próximas décadas debido a la imposibilidad de operar bajo los volúmenes para los que la empresa fue diseñada.
Impacto en el mercado y «Efecto Dominó»
Camanchaca es una de las pesqueras más relevantes del país y su presencia en las bolsas de Santiago y Oslo hace que este conflicto tenga resonancia internacional. Analistas advierten que la incertidumbre regulatoria ya presiona su valoración bursátil y anticipan que este recorte forzado podría derivar en cierres de líneas de producción y despidos masivos.
Esta acción es considerada un «caso testigo». Si los tribunales fallan a favor de Camanchaca, se abriría la compuerta para una «ola» de demandas de otros gigantes del sector como Blumar, Orizon y FoodCorp. De ocurrir esto, el Estado de Chile enfrentaría una contingencia fiscal que podría escalar a cientos de millones de dólares, transformando una reforma social en una deuda pública sin precedentes.
SOJ
