El tribunal decretó la privación de libertad para el fundador de la ONG y otras tres imputadas, en una audiencia que desnudó los nexos del polémico Caso Convenios. La instancia judicial continuará este domingo para definir las medidas cautelares definitivas.
Tras una intensa jornada en tribunales que se extendió hasta las 17:00 horas, la justicia comenzó a cercar las responsabilidades en la arista ProCultura. Alberto Larraín, el psiquiatra y rostro visible de la extinta fundación, dormirá en el anexo penitenciario Capitán Yaber luego de que el tribunal determinara que permanezca recluido a la espera de la continuación de la audiencia este domingo.
Larraín, quien fue detenido el viernes en un operativo en su domicilio en Ñuñoa, lidera la lista de los cinco imputados que enfrentaron la formalización por presuntos delitos de corrupción en el marco del Caso Convenios.
Cárcel para la cúpula y exfuncionarias
La resolución del tribunal no solo afectó a Larraín. La justicia aplicó un criterio severo para el círculo cercano de la ONG y los nexos con el aparato estatal:
- Custodia en San Miguel: La representante legal de ProCultura, María Constanza Gómez; la exdirectora de estudios, María Teresa Abusleme; y la exjefa de división del GORE Metropolitano, Evelyn Magdalena, fueron derivadas al Centro Penitenciario Femenino de San Miguel bajo custodia.
- Arresto domiciliario: El único que logró evitar un recinto penal fue Gabriel Prado (pareja de Abusleme y nexo entre el GORE y la fundación), quien quedó bajo la medida de arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Un rompecabezas de influencias
La audiencia parcial de este sábado permitió a la Fiscalía exponer los primeros antecedentes de una trama que involucra transferencias de fondos públicos para programas de desarrollo social que, según la investigación, presentan graves irregularidades en su ejecución y destino.
El caso ha generado un fuerte sismo político, dado que las imputadas Magdalena y Prado ocupaban cargos clave o de asesoría en el Gobierno Regional Metropolitano al momento de los hechos, lo que apuntaría a una red de tráfico de influencias diseñada para favorecer a la ONG de Larraín.
La cita judicial se reanudará mañana domingo, jornada en la que se espera que el Ministerio Público termine de exponer los cargos y se definan los plazos de investigación para uno de los capítulos más complejos del Caso Convenios.
SOJ
