La intersección de Avenida Las Industrias con Sor Vicenta, en el sector nororiente de Los Ángeles, se ha transformado en un territorio sin ley al caer el sol. Entre el estruendo de escapes libres y modificados, fuegos artificiales y maniobras al límite, lo que comenzó como desórdenes aislados ha escalado a una subcultura de impunidad que las autoridades intentan frenar con un nuevo arsenal jurídico.
Radiografía de una batalla desigual
Las cifras de 2024 y 2025 revelan una realidad frustrante para los vecinos de la capital de la provincia de Biobío: más de 300 infracciones de tránsito y 174 partes empadronados, pero apenas cuatro detenciones. Esta brecha expone el dilema táctico de Carabineros; según explica el Mayor Luciano Lagos, la Ley 21.495 ya tipifica estas acciones como delitos, pero una persecución a alta velocidad en zonas urbanas representa un riesgo de muerte para civiles inocentes.
Este escenario de «tira y afloja» donde los infractores sortean la fiscalización disuasiva podría estar cerca de su fin, gracias a un proyecto de ley que acaba de sortear su paso por la Cámara de Diputados y ya se encamina al Senado.
El costo de la velocidad: Cárcel y decomiso
La nueva normativa busca que la justicia no dependa únicamente de las consecuencias del acto, sino de la peligrosidad de la conducta. Estas son las nuevas reglas del juego que propone el proyecto:
- Sin daños, pero con castigo: Participar en una carrera, aunque no haya heridos, arriesgará penas de hasta 3 años de cárcel y multas de casi $700 mil.
- Lesiones y fatalidad: Si la imprudencia termina en muerte, la sanción escala hasta los 10 años de prisión.
- Mano dura al patrimonio: En casos graves, se contempla el decomiso del vehículo y la prohibición perpetua de conducir.
Organizadores en la mira
El proyecto de ley reconoce que estas no son citas fortuitas, sino eventos planificados a gran escala. Por ello, quienes coordinen estas citas enfrentarán penas de cárcel y multas que pueden superar los 3 millones de pesos. Además, se considerará un agravante especial si las carreras ocurren cerca de hospitales, colegios o en zonas donde el límite de velocidad es igual o menor a 50 km/h.
La presión social y los reportajes que expusieron la toma de Avenida Las Industrias, ex ruta 5 Sur de Los Ángeles, durante cuatro noches a la semana han sido el motor de este endurecimiento legal. Ahora, la pelota está en la cancha del Senado, donde se definirá si el rugido de los motores modificados finalmente será silenciado por el peso de la ley.
SOJ
