El panorama de seguridad en la Macrozona Sur atraviesa un momento de definiciones críticas. Mientras el Gobierno celebra cifras históricas de pacificación, la propuesta de la ministra de Defensa, Adriana del Piano, de iniciar un retiro gradual del Estado de Excepción Constitucional ha encendido las alarmas en los sectores productivos, quienes consideran que la medida es, a lo menos, prematura.
El optimismo del Gobierno: Cifras de un «avance estructural»
Desde Talcahuano, el Ejecutivo ha comenzado a socializar la posibilidad de levantar la medida en comunas específicas. El sustento de esta decisión radica en el balance del subsecretario del Interior, Víctor Ramos, quien ratificó que la zona sur vive su periodo de mayor estabilidad en cuatro años.
Los números respaldan esta tesis: la violencia rural ha experimentado una caída drástica del 78,6%, pasando de 1.161 incidentes en 2022 a solo 359 en 2025. Este «quiebre en la curva» no solo ha permitido una reactivación comercial y turística sin precedentes en provincias como Arauco, sino que también se vincula con la reducción de la pobreza multidimensional en la región.
Las comunas de Tucapel, Antuco, Santa Bárbara, Mulchén, Alto Biobío, Tirúa, Contulmo, Cañete y Los Álamos,en la Región del Biobío, podrían continuar concentrando la presencia militar a través del Estado de Escepción Constitucional.
La respuesta de los gremios: «No es momento de retroceder»
Pese a las estadísticas, la percepción en el territorio es de una vulnerabilidad latente. Antonio Soto, presidente de Corma en la zona sur, calificó la posibilidad de desescalar como «muy apresurada», advirtiendo que los ataques incendiarios con intencionalidad clara persisten y que el resguardo militar sigue siendo vital para la operatividad de sectores como la agricultura, la salmonicultura y el comercio.
Por su parte, el gremio del transporte forestal (Fenasitransfor), liderado por Heriberto López, fue aún más categórico. Para los conductores, el Estado de Excepción ha sido la única barrera que ha evitado más muertes de trabajadores. Sin embargo, López introdujo un matiz político profundo: llamó al Estado y al Poder Judicial a replantear la persecución hacia líderes mapuches y a separar la lucha territorial de los grupos criminales que han aprovechado el conflicto.
Un dilema estratégico
El Estado de Excepción, instaurado a finales de 2021 y prorrogado sistemáticamente desde mayo de 2022, se encuentra en una encrucijada. La ministra Del Piano ha subrayado que cualquier cambio será analizado junto a los Jefes de la Defensa Nacional, pero la presión de los gremios es clara: mientras la intencionalidad en los incendios y la violencia sigan siendo una realidad cotidiana, el repliegue de las fuerzas militares será visto como un abandono a la seguridad de los trabajadores.
Puntos clave del conflicto:
- Postura de Gobierno: Basada en la caída del 78,6% de los hechos de violencia.
- Postura de Corma: Alerta por incendios intencionales y riesgo para sectores productivos.
- Postura de Transportistas: Exigen mantener el resguardo pero piden un proceso de paz real con el pueblo mapuche.
- Próximo paso: Análisis técnico con las jefaturas de Defensa para determinar qué comunas podrían salir de la medida.
