La amenaza de dejar sin la Pensión Garantizada Universal (PGU) a más de 13 mil personas mayores ha desatado una ofensiva fiscalizadora contra el Instituto de Previsión Social (IPS). Esta mañana, la diputada Marlene Pérez (IND-UDI) acudió a la Contraloría General de la República para solicitar una auditoría exhaustiva y un sumario administrativo que esclarezca lo que calificó como una «vulneración grave a la dignidad».
Una explicación bajo sospecha
El conflicto estalló luego de que el IPS atribuyera la suspensión del beneficio a presuntos errores en la información entregada por la Policía de Investigaciones (PDI). Para la parlamentaria, esta justificación resulta «cuestionable» y exige que el organismo de control verifique la existencia y validación de los listados utilizados para tomar una decisión de tal impacto social.
«Es inaceptable que el IPS adopte una medida de esta magnitud sin una verificación rigurosa. Queremos saber qué filtros fallaron y por qué se decidió golpear el bolsillo de los más vulnerables basándose en datos no contrastados», señaló Pérez.
Prioridad: Pago inmediato
Más allá de las responsabilidades administrativas, la diputada fue tajante en la urgencia de la solución:
- Pago sin trámites: Exigió que el Gobierno garantice el depósito de la PGU esta misma semana.
- Sin carga para el usuario: Rechazó que los adultos mayores deban realizar gestiones adicionales para subsanar un error del Estado.
- Derecho vital: Recordó que para miles de familias, este monto es la diferencia entre costear medicamentos y alimentos o quedar en la desprotección total.
«Con las pensiones no se improvisa ni se juega. No estamos ante un simple trámite administrativo fallido, sino ante un error del Estado que pone en riesgo la subsistencia de miles de personas. El Gobierno no puede permanecer inmóvil mientras se juega con un derecho tan sensible», sentenció la legisladora.
SOJ
