Lo que se gestó como una respuesta a décadas de dolor y pérdida en el sur de Chile ha terminado, en menos de una semana, convirtiéndose en un nuevo foco de incendio político. El ingreso del proyecto de ley que busca reconocer y reparar a las víctimas del conflicto intercultural y territorial en las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos ha generado un rechazo tajante en la oposición, donde acusan al Gobierno de presentar una iniciativa «vaciada de contenido».
Aunque la ley surge de las recomendaciones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, el texto final ha omitido un pilar que los afectados consideraban intransable: la indemnización económica directa.
La «Letra Chica» del Informe Financiero
La controversia estalló al desglosarse el presupuesto del proyecto. Según el informe financiero oficial, la iniciativa no implica un aumento del gasto fiscal. Los $6 mil millones destinados a las medidas de reparación ya forman parte del presupuesto actual de la Subsecretaría del Interior.
Esto significa que, en la práctica, el proyecto no inyecta recursos nuevos, sino que reordena los existentes para ofrecer apoyo psicológico y social, dejando fuera las compensaciones por la pérdida de tierras, maquinarias o infraestructura. Para el diputado y senador electo Miguel Ángel Becker (RN), esto es «una letra chica inaceptable que ofrece un reconocimiento simbólico pero sin justicia real para quienes lo perdieron todo».
Críticas desde la Macrozona Sur: «Una Vergüenza»
La tramitación, que comenzó bajo el sigilo del receso legislativo tras ser ingresada el 24 de diciembre de 2025, ha recibido sus críticas más feroces desde La Araucanía.
La senadora electa Vanessa Kaiser (PNL) calificó el proyecto como una «irresponsabilidad» y cuestionó el lenguaje utilizado por el Ejecutivo:
«El proyecto no habla de terrorismo sino de violencia rural. Es una vergüenza que se pretenda dar ‘reparación integral’ sin distinguir entre victimarios y ciudadanos víctimas. Parece un intento de asegurar piso político para desestabilizar al próximo gobierno», fustigó Kaiser, vinculando la iniciativa con una agenda ideológica que, a su juicio, Chile ya rechazó.
Por su parte, el diputado Héctor Barría (DC) llamó a dejar de lado los «gustitos ideológicos» y comparó la situación con los beneficios otorgados en otros contextos: «Hubo indultos e indemnizaciones para personas del estallido social. No puede ser que hoy el Gobierno haga oídos sordos con las víctimas del sur».
Un trámite cuesta arriba
El cronograma de la iniciativa también ha sido objeto de suspicacia. Ingresada en plena Navidad y comunicada formalmente recién este martes debido al receso de fin de año, la ley entra al Congreso con un clima de desconfianza que anticipa una discusión legislativa compleja.
Los puntos de quiebre en el Congreso:
- Definición de Violencia: La oposición exige que se califiquen los actos como «terrorismo».
- Indemnización: Exigen que el Estado asuma la responsabilidad civil por la falta de servicio y seguridad.
- Presupuesto: Se pide un fondo especial de reparación que no dependa de programas sociales preexistentes.
Este proyecto se perfila como la última gran batalla legislativa del periodo en materia de seguridad y conflicto territorial, con una oposición que ya ha advertido que no aprobará una ley que consideran un «cascarón vacío».
SOJ
