Tras casi un año burlando a la justicia, la fuga de Nicolás Piña ha llegado a su fin. El ingeniero, condenado a una pena de 10 años de cárcel por intentar asesinar a funcionarios de Carabineros, fue capturado tras permanecer en la clandestinidad desde enero de este año. Su arresto cierra uno de los capítulos más polémicos derivados del estallido social, donde el ámbito judicial se entrelazó directamente con la alta política.
El ataque: El origen de la condena
Los hechos que llevaron a Piña tras las rejas se remontan a febrero de 2021. Según la investigación ratificada por la justicia, el sujeto lanzó una bomba molotov al interior de una patrulla policial ocupada por uniformados en ejercicio. La gravedad del acto fue calificada por los tribunales bajo dos figuras penales ineludibles:
- Homicidio frustrado contra Carabineros: Sentenciado a 7 años de presidio.
- Lanzamiento de artefacto incendiario: Sentenciado a 3 años y un día adicionales.
La sombra política del caso
El nombre de Nicolás Piña no solo figura en los partes policiales, sino también en las bitácoras de campaña de la actual administración. El 30 de julio de 2021, mientras Piña cumplía prisión preventiva en Santiago Uno, recibió la visita del entonces diputado y candidato presidencial, Gabriel Boric.
A este respaldo se sumó el del actual Seremi de Justicia de la Región Metropolitana, Jaime Fuentes, quien antes de asumir su cargo participó activamente en marchas exigiendo la libertad de Piña, alegando supuestos vicios procesales. Sin embargo, pese a las presiones de su círculo cercano —que cuestionaba la falta de pericias científicas y criticaba el peso del testimonio policial—, la institucionalidad se impuso.
La cronología de una fuga anunciada
El periplo judicial de Piña estuvo marcado por una libertad que se prolongó más de lo debido. Tras pasar un año en prisión preventiva (2021-2022), el tribunal le permitió esperar el juicio en libertad. En octubre de 2023, ante la inminencia de la sentencia, la Corte de Apelaciones ordenó su reingreso inmediato a la cárcel, pero Piña ya había iniciado su plan de evasión.
Pese a que su defensa intentó un último recurso de nulidad ante la Corte Suprema, el máximo tribunal del país desestimó los argumentos de la Defensoría a principios de 2024. Para entonces, Piña ya era un prófugo de la justicia.
Con su captura, el Ministerio del Interior y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) logran finalmente la ejecución de la pena. Nicolás Piña deberá cumplir ahora una década efectiva tras las rejas, poniendo fin a un caso que puso a prueba la independencia del sistema judicial frente a la contingencia política.
SOJ
