La mesa de negociación entre el Gobierno y los gremios del sector público ha encendido las alarmas fiscales. Los funcionarios estatales han presentado su petitorio formal: un reajuste salarial real del 2%, lo que, sumado a la inflación acumulada a noviembre (3,4%), se traduce en un alza nominal del 5,4%.
Ante esta cifra, el think tank Libertad y Desarrollo (LyD) ha cuantificado el impacto de acoger la demanda de los trabajadores, concluyendo que el Estado no cuenta con los recursos suficientes para financiar el aumento propuesto.
La Brecha de los US$900 Millones
Según los cálculos de LyD, si se otorga el reajuste nominal del 5,4% exigido por los gremios para el año 2026, el costo fiscal total ascendería a US$1.527 millones. Este monto no incluye otros beneficios adicionales solicitados, como bonos y aguinaldos.
El problema radica en la disponibilidad de recursos previstos por la Dirección de Presupuestos (Dipres) en la Ley de Presupuestos 2026. La ley solo considera $589.921 millones (equivalentes a US$634 millones) para financiar la Ley de Reajuste.
El Déficit: De esta forma, si se concreta la demanda de los funcionarios, el Estado solo contaría con el 41% de los recursos necesarios, dejando una brecha de más de US$900 millones sin financiamiento asegurado.
La Incertidumbre del Empleo Público
LyD también puso el foco en el crecimiento del aparato estatal, mencionando que la dotación de funcionarios ha crecido a un ritmo promedio anual del 3,5% entre 2021 y 2024, alcanzando cerca de 939.000 trabajadores en diciembre de 2024.
Respecto al financiamiento del reajuste, el Gobierno había propuesto cubrir los mayores gastos en personal mediante los ahorros generados por los retiros voluntarios (con una tasa de reemplazo de uno por cada tres vacantes). No obstante, LyD advierte que esta medida es insuficiente:
- Incluso bajo un escenario optimista de 5.000 retiros anuales, el ahorro estimado sería de solo US$150 millones, cifra que ni siquiera alcanzaría a cubrir el aumento salarial más las nuevas cotizaciones previsionales.
«No se cuenta con los recursos suficientes para garantizar el financiamiento del costo total del reajuste tal como ha sucedido en años anteriores ni lo demandado por los funcionarios para 2026”, sentencia el informe de LyD.
Una Discusión con Dos Frentes
El think tank subraya que la discusión de este año tendrá dos aristas ineludibles:
- Certeza de Financiamiento: El Ejecutivo debe demostrar que su propuesta está correctamente financiada dentro de la Ley de Presupuestos.
- Evolución del Empleo: La negociación no puede desvincularse del crecimiento sostenido que ha mostrado la dotación de empleo público en las últimas décadas.
El análisis de LyD recuerda, además, que el salario de los funcionarios ha gozado de un trato preferencial: en 24 de los últimos 34 años, el reajuste ha superado la variación del IPC, permitiendo que sus remuneraciones crezcan en términos reales durante el 70% del tiempo.
SOJ
