La onda expansiva de la trama de corrupción judicial que involucra a consorcios, jueces y abogados sigue creciendo. Ahora, la crisis se extiende más allá de los magistrados removidos y alcanza a los funcionarios auxiliares de la justicia en la jurisdicción de San Miguel.
El Pleno de la Corte de Apelaciones de San Miguel ha abierto un sumario administrativo contra cuatro funcionarios vinculados a los destituidos jueces Antonio Ulloa y Ángela Vivanco. La medida busca desentrañar las conexiones de la red en la zona sur de la capital.
La presidenta de la corte, María Catalina González, informó que se decidió «iniciar una investigación sumaria administrativa contra funcionarios de esta jurisdicción que han aparecido, mencionados e involucrados en graves hechos expuestos por la prensa».
Los funcionarios auxiliares bajo la lupa son:
- Rodrigo Yáber: Conservador y archivero judicial de Puente Alto.
- Claudio Barrena: Notario y archivero judicial.
- Rodrigo Ortúzar: Notario.
- Fernando Martel: Notario.
La determinación de la Corte de Apelaciones de San Miguel demuestra la firmeza del poder judicial para sanear sus filas y enfrentar las «graves hechos» que han socavado la confianza pública, confirmando que la crisis de probidad sigue revelando nuevas capas de complicidad.
SOJ
