La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha puesto bajo la lupa el mercado de la educación superior de pregrado en Chile, revelando un diagnóstico demoledor: el sistema, que movió cerca de US$6.800 millones en 2023, está plagado de fallas estructurales que perjudican directamente a los estudiantes. Su noveno Estudio de Mercado, que analizó 126 instituciones entre 2007 y 2023, concluyó que la elección de carrera hoy no garantiza una mejor inserción laboral ni mayores ingresos futuros.
El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, enfatizó la gravedad de los hallazgos: «Los datos que estamos dando a conocer confirman que la decisión de abordar el mercado de la Educación Superior fue acertada, porque hoy estamos presentando recomendaciones concretas para los problemas que detectamos en este sector que es tan sensible para el desarrollo competitivo del país.»
Cifras de Alarma: Desalineación y Alto Costo Sin Calidad
El principal golpe del informe es la desalineación entre la oferta formativa y las necesidades del mercado:
- Retorno Negativo: Un alarmante 35% de las carreras ofrecidas actualmente en Chile presenta un retorno económico negativo, es decir, el costo de estudiarlas supera el beneficio salarial posterior.
- Elección Irracional: La proporción de estudiantes que se matricula en estos programas de bajo o nulo beneficio ha aumentado, alcanzando cerca del 40% de la matrícula total en 2023.
- Sobrecalificación y Desconexión: Dos de cada cinco profesionales sienten que su trabajo se relaciona poco o nada con sus estudios, y la mitad se siente sobrecalificada para su puesto.
La FNE criticó duramente a las instituciones por no correlacionar precio y calidad: «Se constató que las instituciones que más cobran en relación con sus costos no son las que entregan los mejores servicios educacionales.» Esto apunta a una falla de mercado donde el alto arancel (que promedia los $4,2 millones anuales en universidades) no se traduce necesariamente en mejores resultados para el egresado.
Obstáculos a la Competencia: Información, Género y Regulación
El estudio identificó tres grandes frenos a la libre competencia y la toma de decisiones informada:
- Opacidad en la Información: Los postulantes carecen de datos esenciales (empleabilidad real, ingresos, tasas de deserción) para evaluar los programas. Pese a la complejidad de la elección, el informe critica que los jóvenes «se preparan poco» y hacen un «uso limitado de las herramientas informativas disponibles».
- Brechas de Género en la Rentabilidad: Existe una marcada diferencia en los resultados económicos según el género. El retorno promedio de las carreras estudiadas por hombres es 8,5% superior al de las mujeres. Al ponderar por la matrícula, la brecha se dispara: el retorno promedio de las carreras masculinas resulta 4,5 veces mayor que el de las mujeres, lo que alimenta las disparidades salariales del mercado laboral.
- Rigideces Regulatorias: La FNE detectó barreras normativas, como la gestión administrativa poco flexible de las universidades estatales y la asignación histórica del Aporte Fiscal Directo (AFD) sin considerar el desempeño. Además, la fragmentación de la oferta (más de 5.000 programas con nombres confusos) dificulta la elección racional.
El Plan de Nueve Puntos: Ahorros Estimados en US$852 Millones Anuales
Para corregir estas deficiencias, la FNE propuso nueve recomendaciones que se agrupan en tres ejes:
| Eje de Recomendaciones | Propuestas Clave |
| Toma de Decisiones | Reforzar la orientación vocacional en la enseñanza media y crear un sistema personalizado que combine test vocacionales con datos objetivos (empleabilidad, aranceles, retorno). |
| Información | Implementar una plataforma digital centralizada (basada en Mifuturo.cl) para comparación ágil de programas y establecer un hito informativo obligatorio previo a la postulación. |
| Regulación | Revisar el tratamiento legal de las universidades estatales, actualizar las definiciones de títulos y grados, y reemplazar el actual esquema de asignación del AFD por criterios objetivos de desempeño. |
La Fiscalía proyectó que, si estas medidas lograran reducir en solo un 10% la deserción estudiantil y en la misma proporción la matrícula en carreras con retorno negativo, los beneficios anuales para las familias y el Estado ascenderían a US$852 millones, un monto equivalente al 13% de los ingresos totales del sistema.
SOJ
