La Corte Suprema de Chile, en colaboración con el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), presentó la «Guía práctica de aplicación del protocolo de acceso a la justicia de personas mayores». Este documento fundamental busca garantizar un trato digno, inclusivo y accesible en los tribunales para la población mayor del país, eliminando las barreras que históricamente han dificultado su interacción con el sistema judicial.
El documento fue elaborado por la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos (DAIDH) de la Corte Suprema, bajo el liderazgo de la ministra Jessica González.
Ejes de la Guía: Infraestructura y Trato Digno
La nueva guía no se limita a las pautas de atención, sino que aborda de manera integral los desafíos del acceso a la justicia, desde la infraestructura hasta el trato interpersonal.
1. Eliminación de Barreras Físicas
La guía propone adecuaciones concretas en los edificios judiciales para transformarlos en espacios seguros, cómodos y accesibles. Estas incluyen:
- Rampas antideslizantes.
- Señalética clara y de fácil comprensión.
- Módulos de atención preferente.
El objetivo es asegurar que las personas mayores puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, eliminando las barreras físicas que impiden su movilidad y orientación.
2. Pautas de Atención y Sensibilidad
El documento está diseñado para ser una herramienta práctica para jueces, juezas y funcionarios judiciales, entregando orientaciones claras para una atención respetuosa e inclusiva. Recoge las recomendaciones del Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas Mayores aprobado previamente por la Corte Suprema. Su contenido se nutrió de jornadas de diagnóstico realizadas en tribunales de todo el país, asegurando que las pautas respondan a necesidades y experiencias reales.
Compromiso Nacional y Proyección
Esta iniciativa se enmarca en el Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos 2022–2025 impulsado por el Estado de Chile. El Poder Judicial asumió el compromiso de fortalecer este acceso equitativo, eliminando la discriminación por edad y promoviendo un trato digno hacia los grupos vulnerables.
Como paso inicial, seis tribunales piloto están implementando la guía durante 2025. Este proceso permitirá poner en práctica sus orientaciones, evaluar su aplicación en terreno y perfeccionarla a partir de la experiencia adquirida, consolidando su impacto a nivel nacional.
SOJ
