Chile ha sido, en el contexto latinoamericano, un referente en materia de disciplina fiscal e innovación institucional. Desde la Ley N.º 19.896 de 2003, que modernizó las normas de administración financiera del Estado, hasta la Ley N.º 20.128 sobre Responsabilidad Fiscal de 2006, el país ha venido construyendo un marco normativo que combina reglas, organismos y prácticas de transparencia. A ello se suman hitos como la Regla de Balance Estructural (2001), la creación de fondos soberanos (2006) y, más recientemente, la Ley N.º 21.148 de 2019, que dio vida al Consejo Fiscal Autónomo (CFA). Este último órgano ha emitido informes independientes que refuerzan la credibilidad de la política fiscal.
Si comparamos esta trayectoria con el resto de América Latina, la diferencia es clara: la región cuenta con reglas fiscales en varios países, pero su cumplimiento ha sido errático. El déficit crónico, la indisciplina de gasto y la falta de autonomía de las instituciones de control han derivado en crisis de deuda recurrentes. En cambio, Chile ha evitado hasta ahora esos episodios gracias a un entramado institucional que, además, se articula con un Banco Central autónomo que desde 1989 ha sostenido una política de metas de inflación y prohibición de financiar al fisco, anclando las expectativas y blindando la economía frente a los riesgos de espiral inflacionaria que han golpeado a países vecinos.
Con todo, la situación actual exige reforzar esa solidez. La deuda bruta del Gobierno Central llegó al 41,7 % del PIB a marzo de 2025, según el Ministerio de Hacienda, y la deuda externa total bordea el 75 % del PIB, de acuerdo con cifras del Banco Central. Si bien estos niveles son menores que los de países como Brasil (cerca del 90 % del PIB) o Argentina (superior al 80 %), muestran un crecimiento acelerado en los últimos diez años: en 2010, Chile exhibía una deuda bruta de apenas 12 % del PIB. El margen de maniobra, por tanto, se ha reducido drásticamente. Frente a ello, no basta con seguir la recomendación del CFA de realizar ajustes graduales y recortes necesarios: es imprescindible dar un salto cualitativo en nuestra institucionalidad. Propongo tres caminos:
1. Elevar la regla fiscal a rango constitucional. Que el equilibrio estructural no dependa de una ley ordinaria, sino que se transforme en una obligación constitucional, con cláusulas de excepción claras para casos de catástrofe, guerra o recesiones severas.
2. Limitar la deuda por mandato constitucional. Sólo permitir endeudamiento en un catálogo taxativo de situaciones calificadas y siempre con aprobación de una ley de quórum calificado. La deuda no debe ser un instrumento de uso político corriente.
3. Reconocer derechos sociales de manera fiscalmente responsable. Los derechos a salud, educación y pensiones deben consolidarse como derechos humanos, pero subordinados a las capacidades efectivas del Estado, evitando promesas irrealizables que erosionan la sostenibilidad financiera y, en última instancia, la legitimidad democrática.
A este diseño institucional se debe agregar un componente central: la eficacia y la legitimidad en la relación con la ciudadanía. Es urgente un nuevo pacto que asegure no solo disciplina en el gasto, sino también mayor transparencia en la recaudación y en el uso de los recursos públicos. La confianza social no se construye únicamente con límites legales, sino con la percepción de que cada peso que entra al Estado se recauda de manera justa y se ejecuta con eficiencia, probidad y orientación al bien común. Esa rendición de cuentas cobra singular importancia para sostener la adhesión ciudadana a las reglas fiscales.
Chile tiene la oportunidad de volver a marcar diferencias en América Latina: pasar de un esquema fiscal avanzado pero aún frágil a un marco constitucional sólido, blindado frente a la tentación del cortoplacismo. En esa dirección y considerando la posibilidad que ofrece el debate en un año de elecciones parlamentarias y presidenciales, podríamos ir afirmando los cimientos de un verdadero pacto de responsabilidad fiscal intergeneracional que el país reclama con fuerza, frente a la alerta que ofrece el aumento acelerado de la deuda y un déficit fiscal que se ha vuelto estructural, de cara a un presupuesto para el 2026 según el anuncio presidencial sin una glosa republicana.
* Augusto Parra Ahumada, Ing. Comercial, presidente de la Fundación República en Marcha
