Durante las primeras horas de la mañana de este martes 30 de septiembre, funcionarios de Carabineros y municipales llegaron hasta el sector de Calicheros, en la comuna de Quilpué, Región de Valparaíso, para cumplir con el desalojo y la demolición de la toma ilegal localizada en un terreno de propiedad de la familia Correa. Fue el punto final a años de litigios judiciales, los cuales se intensificaron notablemente después de que en 2020 Alejandro Correa, el empresario que era el dueño, fuera asesinado por un sicario, contratado por un sujeto que previamente había sido denunciado tras ocupar ilegalmente el predio.
En el operativo participaron aproximadamente 250 carabineros, de acuerdo a lo informado por la general Patricia Vásquez, jefe de zona Valparaíso. La oficial explicó que “se solicitó el apoyo de un contingente de Santiago, y también medios locales para salvaguardar la seguridad de las personas. Lo importante es que Carabineros está haciendo la cobertura de seguridad para que las máquinas puedan operar en terreno”. Hasta el mediodía de este martes, la autoridad policial reportó que el procedimiento había transcurrido sin mayores contratiempos, con una sola persona detenida tras un control de identidad que reveló una orden de investigar pendiente en su contra.
El delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, realizó una evaluación preliminar positiva de la jornada. Manifestó: “Ha sido un proceso tranquilo, un proceso en calma, sin necesidad de uso ni de gestión de violencia de ninguna de las partes. Mayoritariamente, los pobladores han ido abandonando este sector; incluso, muchos de ellos han ido desarmando sus viviendas para recuperar parte del material y de los enseres. Se están dando todas las facilidades al respecto para que ellos puedan seguir ingresando”. El proceso de desalojo, que comenzó formalmente el lunes, ya había visto la retirada voluntaria de numerosas familias en los días previos, estimándose que más del 50% había abandonado el lugar antes del mediodía del martes.
Con el avance de la mañana, las retroexcavadoras iniciaron los trabajos de demolición de las aproximadamente 140 viviendas que se calcula existían en el terreno. Una vez que el lugar quede completamente liberado, la familia Correa tiene la intención de ponerlo a la venta, aunque desde el gobierno se ha advertido que las condiciones del sector no son aptas para ser habitadas, descartándose así la construcción de viviendas. Respecto a las medidas de apoyo para las familias desalojadas, el delegado Riquelme detalló que se ha desarrollado “todo un proceso de apoyo en términos sociales. Hay un albergue que ha gestionado principalmente la Municipalidad de Valparaíso en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social. Hay varios apoyos en ese sentido. También hay un análisis respecto de la capacidad o la posibilidad de postular a subsidios por parte del Serviu de algunos de los habitantes”.
Asimismo, Riquelme señaló que se han realizado coordinaciones junto a los habitantes para su catastro, pero no todos han llevado a cabo el proceso. “El catastro preliminar, aunque entendemos que eran más las familias, habla de 80 personas. Alrededor de 80 personas que se catastraron. Vamos a dar todas las facilidades. Si es necesario trasladarlos nosotros mismos al lugar para que ahí puedan inscribirse, para que podamos ver la condición social de cada una de las personas y de cada una de las familias, lo haremos”, subrayó.
Sobre la duración del albergue, indicó que “en principio está definido para 72 horas, sin embargo, si es necesario extenderlo, si es necesario buscar otras alternativas, lo vamos a hacer. La idea es respetar también los derechos fundamentales de cada una de las personas”. En cuanto a la posibilidad de nuevas tomas en el terreno, Riquelme explicó que existe “una coordinación con la familia Correa, que son quienes llevaron adelante y empujaron todo este proceso para poder llegar a este minuto. Ellos también están en coordinación con nosotros (…) ellos lo que tienen que hacer es asegurar el cierre perimetral de este terreno, ellos van a tomar algunas otras medidas adicionales para evitar que maquinaria o vehículos puedan entrar nuevamente a este sector”.
En cuanto al fenómeno de las tomas en general, el delegado fue enfático: “Hay una legislación bien clara al respecto y por lo tanto hacemos un llamado a evitar el uso de esa herramienta. Hay un plan especial que nosotros estamos desarrollando de construcción y de ejecución de un plan habitacional especial”. En tanto, aclaró que: “En este momento no tenemos ninguna denuncia de nuevas tomas. Lo primero es que los dueños hagan la denuncia o que nosotros generemos algún proceso de inspección. En este momento nosotros estamos abocados a poder desarrollar esta etapa que es la demolición, si hay algunas denuncias, por supuesto vamos a actuar de inmediato”.
