En una operación estratégica para combatir el crimen organizado, el Servicio Nacional de Aduanas de la Región del Biobío ha interceptado una masiva cantidad de cobre robado, impidiendo su exportación ilegal. A través de un riguroso trabajo de inteligencia y coordinación con la Fiscalía Regional y la Policía de Investigaciones (PDI), los fiscalizadores han incautado casi 153 toneladas del metal en los puertos de la zona.
Un golpe millonario al crimen organizado
Desde finales de 2024 hasta julio de este año, se han llevado a cabo 10 exitosos operativos en los puertos de Lirquén, San Vicente y Coronel. El valor estimado de la mercancía incautada, que asciende a 152.930 kilos de cobre, supera los 1,37 millones de dólares.
La directora de la Aduana Regional de Talcahuano, Katherine Ampuero, destacó la efectividad de las capacidades de análisis e inteligencia de su equipo. «El foco se centra en los procesos de exportación de este metal, a través de la individualización y un estricto seguimiento de las operaciones y empresas asociadas», explicó. Los casos detectados no solo se limitan al contrabando, sino que también incluyen delitos como lavado de activos, asociación ilícita, robo y receptación.
Colaboración interinstitucional y respaldo legislativo
La lucha contra el robo de cobre es una prioridad nacional. Este delito ha tenido un aumento sostenido en los últimos años, afectando a empresas de telecomunicaciones y a la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE). La labor de Aduanas se enmarca en una mesa técnica de robo de cables, anexa a las mesas de crimen organizado.
Además, esta labor se ha visto reforzada por un reciente cambio en la legislación. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una ley que endurece las penas por robo, hurto y receptación de cables, y fortalece la persecución de fraudes en exportaciones y falsificaciones aduaneras. Aduanas ha aportado antecedentes a la Comisión Investigadora del Robo de Cables de la Cámara de Diputadas y Diputados, demostrando su rol activo en la materia.
El trabajo de Aduanas, enmarcado en el Plan Interinstitucional de Chatarra, se extiende por todo el país. Su estrategia no solo se enfoca en la fiscalización, sino también en la prevención, utilizando el análisis de datos para generar alertas tempranas y anticipar la intercepción de cargas de alto riesgo.
SOJ
