El término Doxa encuentra sus orígenes en la filosofía griega y se refiere a la opinión o creencia, puede fundarse en el sentido común, percepciones subjetivas o en la expresión de un deseo o anhelo en opuesto a Episteme, término acuñado por Platón qué se funda en el conocimiento o ciencia, que adquiere fundamentos en la justificación racional que se alcanza metodológicamente, a través de la evidencia, que mas tarde desarrolla el término Epistemología, como la rama de la filosofía que estudia la teoría del conocimiento que se alcanza a través del método científico.
La discusión del opuesto de Doxa V/S Episteme por los 350 AdeC ocupaba la discusión filosófica que hoy nos trae al presente el Presidente Boric al refutar el IPoM de Septiembre del Banco Central.
Es que el IPOM tiene por propósito a través del estudio científico, reunir la evidencia que orienta la fijación TPM Tasa de Política Monetaria, para el control de la inflación, la que se determina por las variaciones del IPC y la inflación subyacente que son variaciones que causalmente repercuten en la inflación.
El Banco Central entonces destaca la incertidumbre determinada por un escenario internacional, marcado por la amenaza de conflictos bélicos que pueden impactar generando alta volatilidad en el tipo de cambio y en el plano nacional entre los factores que impactan la presión inflacionaria recoge el impacto del aumento de las remuneraciones, marcado por el aumento del sueldo mínimo, entre otras variables que orientan la mantención de la tasa de interés en 4,75.
Más adelante el IPoM que suele analizar el comportamiento del mercado laboral, establece una relación causal en el aumento del desempleo, que deviene del aumento del sueldo mínimo y el aumento del costo del trabajo.
Se trata de un informe refutable, sin ninguna duda, para Karl Popper resulta un requisito de la ciencia, que sus hipótesis factualmente sean susceptibles de ser falsables, una teoría científica puede ser refutada por otra teoría científica, es que según Popper ninguna evidencia científica puede afirmar una ley universal y sin embargo un solo contraejemplo puede refutarla, según Popper la ocupación de la ciencia no debe estar orientada a la verificación si no por el contrario a la falsación de sus hipótesis.
De ahí que lo que podríamos esperar del gobierno, es que oponga a los hallazgos del IPoM para falsar su hipotesis las evaluaciones, estudios, analisis y evidencia que utilizó para fundamentar el aumento del sueldo mínimo, en cuanto política pública.
Johon Kingdon, sugiere en el denominado método Kingdon, que las políticas públicas deben ser entendidas en una lógica en la que confluyen un problema crítico, alternativas de solución y una voluntad política que converge con “una ventana de oportunidad”, lo que supone un contexto oportuno.
Queremos fervientemente creer que una política pública tan sensible como el aumento del sueldo mínimo, se aborda desde la problematización con evaluaciones ex ante, intermedias y de proceso y ex post y de impacto.
Comenzando por los análisis de costo oportunidad, analisis de alternativas o contrafactual, análisis de impacto y los estudios económicos que contribuirían a determinar el monto más adecuado.
El Gobierno entonces tendría que presentar en el debate público los análisis, las evaluaciones e indicadores que fundamentaron el aumento del sueldo mínimo que también quisiéramos entender el parlamento tuvo a la vista en el momento en que aprobó el proyecto de aumento.
La democracia moderna enfrenta por una parte una creciente demanda de respuestas a problemas complejos, pérdida de confianza en las instituciones y un creciente cuestionamiento a la legitimidad en las decisiones de los gobernantes. Me detengo en esta última, la legitimidad supone la aceptación de las decisiones de los gobernantes por parte de los gobernados, las que a su vez dependen del acceso a la información y la fundamentación de las decisiones y actos de los gobernantes, ambos entendidos como derechos fundamentales, cuya no observancia podría incluso suponer una amenaza para la estabilidad del pacto social.
Cobra prioridad y singular importancia entonces legislar sobre la imprescindibilidad de la evaluación de las políticas públicas, la transparencia no solo pasiva, si no acompañada de la necesaria difusión de la evidencia que orienta las decisiones complejas.
No se trata en ningún caso que cada decisión tenga que tener necesariamente un proceso de evaluación pero si aquellas políticas públicas que suponen respuestas estructuradas del Estado a los problemas colectivos.
Y sí acostumbrarnos a que las decisiones de los gobernantes a lo menos deben tener siempre justificación disponible al ciudadano que exprese una duda.
Como sugiere Harari es tiempo de pasar de la intuición a la precisión y siguiendo a Aristóteles de la Doxa a la Episteme.
Augusto Parra Ahumada
Ing. Comercial
Presidente Fundación República en Marcha
