Un tema que ha marcado la agenda de política económica de los últimos meses dice relación con la necesidad de ajustar las cuentas fiscales, dado el escenario de estrecheces económicas que se han venido constatando en el país y por otro, el acelerado incremento del gasto público que ha ido quedando de manifiesto. En efecto, tal ha sido la relevancia del tema, que también se ha ido incorporando intensamente en las diversas propuestas de las candidaturas presidenciales, lo que viene a dar cuenta en buena parte del consenso que existe en torno a la necesidad de acotar el gasto fiscal y también reconocer nuevos escenarios de urgencias y necesidades que han ido emergiendo en el país.
Dicho esto, si bien ya se hace evidente la necesidad de recortar algunos gastos, tanto para ordenar presupuestariamente las cuentas públicas como también para redirigir esfuerzos hacia urgencias relevantes en el país, el que ello implique que en 12 de las 16 gobernaciones regionales se sufrirían recortes presupuestarios de importancia, tal como fue anunciado, constituye asimismo para las propias regiones continuar postergando la cabal atención de muchas de las urgencias emergentes de las que hablamos, como por cierto es, desde luego, una pésima noticia y señal, especialmente frente a la necesidad de avanzar en descentralización y desarrollo regional, máxime si se denota que, de entre todas las regiones del país, la Metropolitana será de las pocas beneficiadas no sólo con no ver mermado su presupuesto, sino que más bien verá crecer su disponibilidad de recursos.
Con todo, el recorte presupuestario a los gobiernos regionales en Chile tiene implicancias relevantes desde la perspectiva del desarrollo regional, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo. En lo inmediato, revela elementos estratégicos de importancia en cuanto autonomía y capacidad de gestión regional, en un escenario donde se espera que los gobiernos regionales adquieran mayor protagonismo en planificación y ejecución de grandes proyectos de desarrollo regional y en donde la aplicación de medidas como la descrita más bien debilita esta función y reduce el margen de maniobra para decidir sobre proyectos estratégicos adaptados a la realidad local. Implica por tanto un franco retroceso en descentralización, fortaleciendo la dependencia de transferencias discrecionales desde el gobierno central hacia las regiones.
Obviamente, lo anterior también presenta su correlato sobre la inversión pública y proyectos estratégicos de regiones, donde un recorte presupuestario posterga y afecta la continuidad de proyectos de alto impacto territorial, agravando el rezago de muchos territorios en Chile y generando un efecto multiplicador negativo en las economías regionales, con su consecuente impacto sobre un desarrollo que territorialmente arrastra por muchísimos años grandes asimetrías regionales, concentrando beneficios en la Región Metropolitana y en lo cual los fondos regionales pueden actuar como uno de los pocos instrumentos para compensar esas brechas. En consecuencia, se amplían los desequilibrios territoriales.
En efecto, menos recursos para regiones significa menor capacidad regional para articular políticas de desarrollo productivo local, especialmente en sectores estratégicos de cada región, lo que limita la capacidad de diversificación productiva y perpetúa la dependencia económica regional, habida cuenta de que a mediano y largo plazo se afecta también la llegada de inversión privada, pues la falta de infraestructura y servicios públicos reduce la capacidad regional de transformarse en plataformas competitivas atractivas para el desarrollo de inversiones.
Como se observa, es del todo evidente que una medida como la descrita erosiona la fortaleza del proceso de regionalización y descentralización en un país tradicionalmente centralista como el nuestro, donde los avances en descentralización suelen ser muy lentos y tomar largos años en consolidar. Por tanto, un recorte presupuestario a los gobiernos regionales en Chile no solo reduce la capacidad de inversión pública en el corto plazo, sino que también debilita el proceso de descentralización, aumenta la desigualdad territorial y frena el desarrollo económico regional, siendo desde la perspectiva estratégica, un contrasentido respecto a la necesidad de fortalecer las regiones, disminuir la excesiva concentración en zonas metropolitanas y ajustar las cuentas públicas encauzando los recursos hacia las necesidades y urgencias más latentes del país.
* Ariel Yévenes Subiabre, académico Facultad de Economía y Negocios UNAB
