Ante el aumento de la criminalidad en la provincia de Concepción, el Consejero Regional (Core) Luis Santibáñez y el abogado James Argo han presentado una solicitud formal a la Contraloría General de la República para que se fiscalice el programa «Calles Sin Violencia» del Ministerio del Interior.
La iniciativa, con un presupuesto nacional de más de 9.909 millones de pesos para el año 2024, ha estado en funcionamiento en la Región del Biobío desde abril de 2023. Santibáñez y Argo buscan que la Contraloría incluya este plan en su agenda de fiscalizaciones para auditar su implementación en las comunas de la provincia.
Los promotores de esta acción señalan que, a pesar de los objetivos del programa de combatir el crimen, la tasa de homicidios ha aumentado en la región, lo que consideran «extremadamente preocupante». Califican el programa como un «absoluto fracaso» y acusan al Ministerio de Seguridad Pública de actuar como «un león sin dientes».
La solicitud detalla puntos clave que requieren revisión exhaustiva, incluyendo:
- Detalle del gasto: Auditar el uso de los fondos asignados por comuna, así como la contratación de personal.
- Recursos humanos: Verificar las funciones, remuneraciones y la idoneidad del personal contratado.
- Proyectos implementados: Analizar los costos y objetivos de los programas y proyectos ejecutados.
- Indicadores de impacto: Evaluar la evolución de la criminalidad (tasa de homicidios, delitos violentos), la percepción de inseguridad y las fiscalizaciones realizadas.
Con 54 homicidios registrados en el Gran Concepción en lo que va del año 2025, Santibáñez y Argo argumentan que es crucial transparentar el uso de los recursos públicos. La petición a la Contraloría tiene como objetivo garantizar una adecuada fiscalización y, en última instancia, mejorar la seguridad de los habitantes de la provincia.
SOJ
