Daniel Jadue, el exalcalde de Recoleta, deberá pagar 818 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), una cifra que se aproxima a los $56 millones, luego de que la Corte Suprema rechazara un recurso de queja presentado por su defensa. La decisión del máximo tribunal confirma la sentencia que lo condena por pagos improcedentes realizados durante su gestión.
La Tercera Sala de la Corte Suprema rechazó el recurso al considerarlo «extemporáneo», es decir, presentado fuera del plazo legal de cinco días hábiles desde que se notificó la resolución. Este fallo ratifica la condena impuesta en noviembre de 2024 contra Jadue y otros cuatro funcionarios municipales: Patricio González, Heriberto Medida, Guillermo Villar y Mariano Macaya.
La condena tiene su origen en el Informe Final de Investigación Especial N° 172 de 2017, elaborado por la II Contraloría Regional Metropolitana. El documento reveló que el municipio de Recoleta incurrió en pagos improcedentes por un total de 1.336,13 UTM. Estos pagos correspondían a multas, intereses y recargos generados por el retraso en el pago de cotizaciones de pensiones, salud y otros aportes de los funcionarios del Departamento de Educación Municipal, en períodos que abarcan desde 2015 hasta 2016.
En 2023, una demanda por esta causa fue acogida, y la sentencia definitiva en su contra se confirmó en noviembre de 2024, obligando a los condenados a pagar en favor del fisco.
Causa paralela: Fiscalía pide 18 años de cárcel para Jadue
Este revés judicial para Jadue se suma a otro caso de alto perfil: el Caso Farmacias. En este proceso, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicitó al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago una pena de 18 años de presidio para el exalcalde, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos por al menos 10 años.
La acusación presentada por el ente persecutor imputa a Jadue por cuatro delitos:
- Fraude al fisco (consumado y reiterado), por el cual se pide una pena de 12 años de presidio, una multa equivalente a la mitad del perjuicio (8.787 UTM) y 10 años de inhabilitación.
- Estafa, con una solicitud de 3 años y un día de presidio y una multa de 21 UTM.
- Cohecho, con una condena solicitada de 820 días de reclusión menor, una multa de $19 millones y 5 años de inhabilitación.
- Delito Concursal, con una pena de 541 días de presidio.
SOJ
