Incautación en Promasa: 2.300metros cúbicos valorizados en $144 Millones
Una exhaustiva investigación, liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía en conjunto con el OS-9 de Carabineros, ha desmantelado una compleja red de robo y comercialización de madera ilícita. La operación ha permitido formalizar por el delito de receptación a siete empresas del sector forestal con operaciones en las regiones del Biobío y La Araucanía. Estas compañías están siendo vinculadas a la compra de más de 2.300 metros cúbicos de madera sustraída, desde predios de Forestal Mininco, valorada en más de $144 millones.
La trama delictual, que se remonta a 2022, involucra tanto a organizaciones criminales dedicadas a la sustracción de la madera como a empresas que, según el Ministerio Público, adquirieron estos productos sabiendo o debiendo saber su origen ilícito.
Las empresas formalizadas son:
- Laminadora Los Ángeles S.A.
- Forestal Javier Pezoa EIRL
- Inversiones Rayenco Ltda.
- Maderas Río Blanco SpA
- Aserraderos Los Castaños Ltda.
- Servicios Forestales Rosario Ltda.
- Procesadora de Madera Los Ángeles S.A. (PROMASA)
Todas ellas habrían adquirido madera robada desde fundos ubicados en las comunas de Galvarino y Collipulli, específicamente desde predios de Forestal Mininco.
Un Precedente Histórico en la Persecución del Delito
«El objetivo fue romper la cadena de producción del delito y no sólo perseguir a quienes sustraen la madera, sino también a quienes la compran sabiendo —o no pudiendo menos que saber— su origen ilícito», explicó el Fiscal Enrique Vásquez, quien lidera el caso.
Esta investigación marca un precedente significativo en Chile, siendo la primera vez que se formaliza a personas jurídicas por el delito de receptación. Este paso abre una nueva estrategia en la lucha contra el crimen organizado que afecta gravemente a las zonas forestales del país.
Seis de las siete empresas acusadas optaron por acceder a una suspensión condicional del procedimiento. Como parte de este acuerdo, se comprometieron a realizar aportes económicos que superan en conjunto los $80 millones. Estos fondos serán destinados a escuelas rurales de Galvarino, en un gesto de reparación social hacia las comunidades directamente afectadas por la sustracción de recursos forestales.
Sin embargo, la empresa PROMASA decidió no acogerse a esta salida alternativa. Según los antecedentes presentados por la Fiscalía, esta firma habría adquirido más de 2.300 metros cúbicos de madera robada, con una transacción valorizada en más de $144 millones. Ante su negativa, el Ministerio Público se prepara para presentar una acusación formal en su contra, lo que podría derivar en un juicio.
Los responsables materiales de los robos de madera fueron identificados como Miguel Terán Carrasco y Emanuel Espinoza Contreras, líderes de una organización criminal previamente condenada por hurto y asociación ilícita. Su accionar permitió que grandes volúmenes de madera fueran sustraídos y posteriormente vendidos a diversas empresas del rubro.
SOJ
