La controversia en torno al fraccionamiento pesquero está a solo un paso de convertirse en ley, prometiendo un reordenamiento drástico de las cuotas de captura en los mares chilenos. Este polémico proyecto, que otorga mayores porcentajes al sector artesanal y reduce la participación industrial, ha encendido las alarmas en el gran empresariado pesquero, con Camanchaca anunciando una arremetida judicial sin precedentes para demandar al Estado por los «severos perjuicios» que anticipa.
Esta tarde desde las 16.00 horas, el informe de la comisión mixta está siendo votado por Senado para ser despachado definitivamente del Congreso y sea convertido en Ley de la República.
Un Golpe Legislativo a la Industria Pesquera
La Sala de la Cámara de Diputados dio un paso crucial al aprobar, con una contundente mayoría de 122 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones, el informe de la comisión mixta parlamentaria que zanjó las últimas diferencias de la iniciativa. El destino final del proyecto se definirá hoy, con la votación del informe en el Senado, para ser despachado definitivamente del Congreso.
Sin embargo, antes incluso de que la ley vea la luz, la industria ya se prepara para la batalla legal. Camanchaca, una de las principales empresas pesqueras del país, ha confirmado su advertencia: recurrirá a la justicia en busca de una compensación económica ante los efectos que, aseguran, tendrá esta nueva normativa en su patrimonio y operaciones.
En un comunicado contundente, Ricardo García, gerente general de Camanchaca, no escatimó en críticas. «La industria pesquera ha sido golpeada duramente por esta ley que introduce estos cambios siete años antes de lo previsto por la ley vigente (2032), lo que conlleva un perjuicio económico enorme», afirmó García, haciendo hincapié en la alteración de las reglas del juego a mitad de camino.
Biobío: El Corazón Industrial de la Pesca Recibirá un «Doble Golpe»
Según García, el impacto será «el doble» para las empresas de la Región del Biobío, «porque deberán pagar un arancel de más de un 30% sobre las importaciones de cuotas extranjeras de jurel». Esta doble carga —la reducción de la fracción de cuotas nacionales y el nuevo gravamen a las importaciones—, subraya el ejecutivo, afectará directamente el nivel de actividad, el empleo y los tributos a la renta que hoy genera el segmento más intensivo en mano de obra del sector.
«La combinación de ambos factores frenará inevitablemente el desarrollo del sector, con un impacto más severo en la Región del Biobío, que es el corazón industrial de la pesca chilena», sentenció García, pintando un sombrío panorama para una de las zonas económicas más relevantes del país.
La Demanda por Compensación: Un Principio de Justicia Patrimonial
La posición de Camanchaca es clara e inquebrantable: «Es inaceptable que se cambie lo que la ley estableció hace más de 12 años, con severo perjuicio y sin que haya de por medio una justa compensación. Se genera un daño patrimonial grave y exigir una indemnización es lo justo».
García detalló las consecuencias específicas para su compañía: «En el caso de Camanchaca, significará una caída superior al 20% en la producción de jurel para consumo humano, y ese menor volumen va directo a pérdida de industrialización y empleo regional». Además, advirtió sobre el riesgo para los contratos que la empresa tiene suscritos con terceros extranjeros para la compra de cuotas internacionales, «que no consideraron ningún tipo de gravamen y que significa poner en riesgo esa producción chilena».
El gerente general de Camanchaca concluyó con una declaración de principios que anticipa una ardua batalla legal: «El Estado cambió las reglas anticipadamente para beneficiar a un grupo de pescadores semi industriales a costa del patrimonio de los industriales. Ante esto, no nos queda otra opción que acudir a la justicia para solicitar una indemnización que repare el daño causado a nuestros accionistas, entre los cuales hay fondos de pensiones que representan a más de seis millones de afiliados».
El desenlace de esta controversia, tanto en el Senado como en los tribunales, marcará un hito en la relación entre el Estado, la industria y el sector artesanal en Chile, con repercusiones que podrían sentirse por años en la economía y el mercado laboral.
SOJ
