Una delicada situación ha sido expuesta en el Hospital San José de Coronel, dependiente del Servicio de Salud Concepción, donde una médico cirujana -que ingresó en diciembre de 2024- ha denunciado una serie de presuntas irregularidades, cambios en las condiciones laborales ofrecidas, desacato y, lo más grave, al parecer un patrón de acoso laboral que culminó en su desvinculación mientras se encontraba con licencia médica.
La facultativa, es Paulina Magdalena Vega Carrillo. Ella relata que su llegada al Hospital de Coronel se produjo en un momento vulnerable de su vida. Tras un grave accidente automovilístico en febrero de 2021, que afectó parcialmente su funcionalidad, se vio obligada a renunciar a su beca de ginecología y obstetricia en la Universidad de Concepción por incompatibilidad con el área quirúrgica, la Dra., Vega regresó a su cargo de planta en el CESFAM Penco. Sin embargo, su prolongado proceso de rehabilitación física y psicológica la llevó a buscar cercanía con su red de apoyo familiar, motivándola a trasladarse a Arauco.
Fue en noviembre de 2024 cuando la profesional encontró una oferta laboral en Facebook publicada por la Dra. Hellen Salas Fuentes, que ofrecía un cargo de 44 horas a contrata en el Hospital de Coronel, distribuido en 22 horas de hospitalización domiciliaria y 22 horas de policlínico. Tras aceptar la oferta, la profesional se presentó, en el centro asistencial de Coronel, el 2 de diciembre de 2024.
Cambios Inesperados y Falta de Claridad Contractual
Al llegar, fue recibida por la Dra. Salas Fuentes, quien la presentó a la Dra. Claudia Díaz Navarrete, subdirectora médica. Fue entonces cuando, según la denunciante, las funciones descritas diferían «en casi nada» de lo prometido. La oferta de 44 horas a contrata resultó ser, supuestamente, un reemplazo temporal de un médico en comisión de estudio, información que, según la médica, jamás le fue transparentada. A pesar de expresar su preocupación por el traslado y la incongruencia de la oferta, la subdirectora Díaz Navarrete la tranquilizó, asegurándole que «siempre hacen falta médicos, jamás te quedarás sin trabajo» y prometiendo un contrato anual a partir de marzo de 2025, tras meses de contratos mensuales.
Durante los trámites de ingreso, la cirujana solicitó leer su contrato escriturado en personal. Sin embargo, se le habría informado que el Servicio de Salud Concepción no escrituraba contratos, sino que se regían por la «relación de servicio». Ante su preocupación por la seguridad laboral, especialmente por las labores en terreno que implicaban riesgo de accidentes, la Sra. Genoveva Reyes, jefa de personal y recursos humanos, le respondió: «tranquila Dra. Usted está protegida por la relación de servicio». Esta respuesta, lejos de calmarla, generó más incertidumbre, especialmente tras consultar a prevención de riesgos del mismo recinto, donde le informaron que no tenían servicios claros para casos de enfermedad o accidente laboral, tercerizando la atención a clínicas externas.
Denuncia de Violencia y Represalias Laborales
La situación se tornó más crítica en febrero de 2025. Mientras atendía en policlínico, la profesional dice haber recibido una llamada inusual y agresiva de un número desconocido. Una voz femenina la increpó por supuestamente no haber asistido a un control médico. Al identificarse como funcionaria y explicar que estaba atendiendo a los paciente, la interlocutora cortó abruptamente. Al indagar en el SOME (Servicio de Orientación Médico Estadística), se confirmó un error en el registro de una hora médica a su nombre. Acto seguido, la enfermera subrogante de SOME la habría increpado, acusándola de faltar el respeto a su funcionaria. La técnica de enfermería involucrada llegó a afirmar que Paulina Vega le habría tratado de «ridícula», una acusación que la facultativa califica de calumnia y que motivó una denuncia formal por violencia de un funcionario hacia su persona.
Según la Dra Vega, la denuncia no recibió respuesta del Director del hospital en el plazo de tres días hábiles estipulado. En cambio, su colega de hospitalización domiciliaria, la Dra. Hellen Salas Fuentes, le informó que, en conjunto con la subdirección médica, habían decidido reubicarla al servicio de medicina interna, «para que no creara más problemas», una decisión que se le comunicó un viernes y se ejecutó el lunes siguiente, abruptamente y sin mayores explicaciones sobre sus nuevas funciones específicas.
La denunciante relata un deterioro progresivo de su relación laboral con la Dra. Salas Fuentes a partir de febrero de 2025, describiendo una presunta enemistad que afectó la vida de varios funcionarios, incluida la suya. Asegura que la Dra. Salas habría comenzado a inmiscuirse en las indicaciones de los pacientes a su cargo y a decidir altas sin su consulta, ignorando evaluaciones pendientes. La profesional destaca -en su testimonio- que su desempeño ha sido impecable y que ha trabajado «en sobrecargo de pacientes», mientras cuestiona el «mínimo desempeño médico» de la Dra. Salas Fuentes, quien, según su relato, dejó de ver pacientes en hospitalización domiciliaria para supuestamente atender pacientes psiquiátricos en medicina interna.
Inquietudes sobre Concurso Público y Desvinculación Inesperada
Otro punto de controversia es un concurso público para un cargo de 44 horas a contrata en hospitalización domiciliaria, que aparece como «interno» en la web del hospital. La cirujana quiso participar, pero relata que la Dra. Salas Fuentes, quien supuestamente era su jefatura directa (sin poder demostrar su nombramiento oficial), no habría firmado los documentos necesarios para su postulación. Lo más preocupante es que la Dra. Salas Fuentes estaría participando en dicho concurso, sin haber sido inhabilitada para firmar posibles documentos de otros postulantes, y además, Salas debería integrar la comisión encargada de aplicar la prueba y decidir la adjudicación.
Con todas estas irregularidades, la médica decidió presentar una denuncia bajo la Ley Karin en marzo de 2025. Catorce días después, fue citada a declarar ante la fiscal designada, la Odontóloga Eliana Molina, quien, según la denunciante, llegó sin actuaria y desconocía su rol, obligando a la médica a explicarle su función. La declaración, que duró dos horas, no quedó registrada por escrito ni fue firmada.
El lunes 14 de abril, mientras se encontraba con licencia médica y habiendo interpuesto la denuncia Ley Karin, la Dra. Paulina Vega fue citada a la subdirección médica. En la reunión, donde estaban presentes el abogado del hospital, la subdirectora médica Claudia Díaz y la fiscal del caso, el abogado, en un tono que la médica califica de «intimidante», al parecer, le comunicó su traslado de 44 horas al servicio de medicina interna (hospitalizados). La denunciante manifestó que era una cantidad «impropia» de horas para un médico general en dicho servicio, y al solicitar la asignación de camas, se le respondió que aún no habían informado al jefe de servicio.
Finalmente, el mismo 14 de abril, sin aviso previo de 30 días, la Dra., fue desvinculada de la institución. La razón argumentada habría sido que su contrato era de «reemplazo», contradiciendo la oferta inicial de un cargo a «contrata». La denunciante, a esas alturas, ya había iniciado un proceso en la ACHS para determinar si su condición de salud era una enfermedad laboral, lo que el ISL clasificó como «enfermedad común» debido solo y exclusivamente al breve tiempo de permanencia en el Hospital de Coronel.
Actualmente, la causa de la médica se encuentra en el Juzgado de Letras en lo Laboral de Concepción, Causa RIT T-304-2025 con una medida prejudicial de solicitud de documentos al Hospital de Coronel y al Servicio de Salud Concepción, medida que, según la afectada, habría sido desacatada dos veces. Por ello, la médica está próxima a presentar una demanda por tutela laboral, buscando justicia y esclarecer todas las irregularidades denunciadas.
Otras 9 denunciantes
A la denuncia de la Dra., Paulina Vega se suman las nueve profesionales que han demandado laboralmente al Servicio de Salud Concepción (SSC) lo que constituye a estas alturas una grave acusación colectiva. Las nueve funcionarias también denuncian que la institución estaría exhibiendo una «conducta institucional» que vulneraría de forma reiterada y sistemática sus derechos fundamentales.
Mientras el Estado chileno promueve activamente discursos de equidad laboral y una política de tolerancia cero ante la violencia en el ámbito de trabajo, en el SSC –a juicio de estas trabajadoras– se estaría consolidando un patrón persistente y sistematizado de persecución y represalias contra quienes se atreven a denunciar abusos o a ejercer derechos que les son legalmente garantizados.
Ya son diez las funcionarias del Servicio de Salud Concepción, que han levantado su voz para denunciar, ante los tribunales laborales, las situaciones que han tenido que enfrentar al interior de sus lugares de trabajo.
Hora12 intentó una respuesta y de hecho se puso en contacto con la dirección de comunicaciones del Servicio de Salud Concepción. Sin embargo, no hubo nunca una respuesta de parte del organismo público.
SOJ
