En un fallo que podría ser determinante para el futuro del controvertido proyecto minero portuario Dominga, el Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado la contienda de competencias presentada por el Comité de Ministros en contra del Primer Tribunal Ambiental. Esta resolución del TC, aprobada por cuatro votos contra uno, estima que el Tribunal Ambiental no invadió las competencias que el Comité de Ministros, presidido por la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, le había atribuido.
Según la sentencia del TC, «las consideraciones anteriores nos llevan a concluir que ante nosotros no se ha presentado una verdadera contienda de jurisdicción de carácter positivo o negativo, ni constitutiva de una invasión o interferencia de funciones, que este Tribunal Constitucional deba dirimir». El fallo añade que «el problema planteado dice relación con cuestiones de legalidad interna del proceso judicial, que cabe resolver en la sede ordinaria, por los mecanismos procesales habilitantes para ello y, adicionalmente, ya utilizados por el reclamante».
Una Contradicción Inaceptable en la Actuación del Comité de Ministros
El Tribunal Constitucional fue particularmente crítico con la actuación del Comité de Ministros, al señalar una «contradicción insalvable» en su proceder. La sentencia explicó que «no se trata de que la existencia en abstracto de recursos ordinarios contra una resolución impida reclamar la incompetencia del tribunal que la dicta, razonamiento que quiere llevar el asunto al extremo de sostener que entonces contra un tribunal inferior jamás podría deducirse contienda, ya que sus resoluciones en general serán reclamables por vía de apelación, casación o ambas».
«De otro lado, al actuar así inevitablemente estaríamos fallando la excepción de pago, aunque fuera indirectamente, porque no se comprende qué otro resultado puede tener dicha excepción, o cómo pueda resolverse nuevamente siquiera, si aquello que motivó su parcial rechazo fuera removido, por estimarse incompetente al Tribunal para pronunciarse del modo en que lo hizo», según el TC, desestimando la argumentación del Comité.
Dominga: Una Década de Vaivenes Judiciales y Políticos
El proyecto Dominga, impulsado por Andes Iron, ha sido una saga judicial y política desde su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en 2013, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Su historial es un laberinto de aprobaciones y rechazos:
- 2017: La Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo (Coeva) rechaza el proyecto.
- 2018: El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta anula el rechazo de la Coeva.
- 2021: La Coeva aprueba la iniciativa.
- Inicios de 2023: El Comité de Ministros, liderado por la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, rechaza el proyecto. Este fue el punto de origen del conflicto que ahora resuelve el TC.
- Días después del rechazo de 2023: Andes Iron recurre nuevamente al Primer Tribunal Ambiental para impugnar la decisión del Comité de Ministros.
- 2024: El Tribunal Ambiental falla a favor de la firma. Anula la resolución del Comité de Ministros y declara «ilegal» su decisión, argumentando que se infringieron los principios de «imparcialidad» y «confianza legítima» al adoptar el acuerdo con ministros que, habiendo manifestado su parecer previamente, no se inhabilitaron. El tribunal ordenó al Comité volver a votar.
- Nueva Votación y Segundo Rechazo: Los ministros optan por inhabilitarse y el Comité, conformado por subrogantes, vuelve a rechazar la iniciativa en enero, marcando la tercera negativa.
- Nueva Orden del Tribunal Ambiental: El Primer Tribunal Ambiental ordena por segunda vez volver a votar, al determinar que la decisión de los subrogantes incumplió con la sentencia previa que había declarado «ilegal» la resolución de 2023.
Ante esta cadena de eventos, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en representación del Comité de Ministros, solicitó al TC aclarar las competencias de los organismos, acusando al Tribunal Ambiental de exceder sus atribuciones e invadir las competencias exclusivas del Comité. Sin embargo, esta acusación fue finalmente rechazada por el TC.
De esta manera, la sentencia del Tribunal Constitucional mantiene la decisión del Primer Tribunal Ambiental que anuló el rechazo del Gobierno. Con ello, se abriría la puerta para la posible aprobación de la iniciativa, tras una nueva evaluación por parte de la instancia ministerial, que deberá realizarse de acuerdo con las directrices del Tribunal Ambiental. La saga de Dominga parece estar lejos de su fin, pero este fallo marca un hito importante en su largo recorrido judicial.
SOJ
