Dos de las denunciantes con intentos para terminar con su vida, una de ellas con vigilancia las 24 horas del día. Algunas con enfermedades como cáncer. La gran mayoría quebrantaron su salud por enfermedades de origen profesional.
En un contexto marcado por la plena vigencia de la Ley N°21.643 (Ley Karin) y los convenios internacionales de la OIT ratificados por Chile –especialmente los N°111 sobre discriminación y N°190 sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo–, el Servicio de Salud Concepción (SSC) se encuentra bajo una grave acusación colectiva. Un grupo de nueve funcionarias denuncia que la institución estaría exhibiendo una «conducta institucional» que vulneraría de forma reiterada y sistemática sus derechos fundamentales.
Mientras el Estado chileno promueve activamente discursos de equidad laboral y una política de tolerancia cero ante la violencia en el ámbito de trabajo, en el SSC –a juicio de estas trabajadoras– se estaría consolidando un patrón persistente de persecución y represalias contra quienes se atreven a denunciar abusos o a ejercer derechos que les son legalmente garantizados. A pesar de la diversidad de sus historias personales, un sombrío mensaje institucional parece unificar sus experiencias: «hablar cuesta caro».
Historias
Los testimonios de las afectadas dibujan un panorama inquietante:
– Lorena Tardones: Educadora de párvulos titular, con 35 años de servicio, con una hoja de vida irreprochable, es también funcionara de larga data en el Hospital de Coronel, encargada de la sala cuna para atender a los hijos de los funcionarios. Fue destituida -a un año de cumplir el tiempo para jubilarse- tras un sumario que califica de «arbitrario» por acoso laboral por el insólito motivo de «mover una mesa». Agrega que «desde 2023 ha sido perseguida por los director Brian Romero y Sardy Sáez». Afirma que el maltrato llegó a tal extremo que cuando vuelve a cumplir sus funciones, «me hicieron esperar en el pasillo del hospital durante tres horas para recibir instrucciones, tras lo cual se me comunica que estoy suspendida de ejercer el cargo«. Tras este episodio Lorena presenta una crisis nerviosa, se dirige a la ACHS, la entidad le extiende una licencia y cuando llega a su casa intenta terminar con su vida. Providencialmente llegó su esposo, quien tomó las decisiones correctas para salvar la vida de Lorena. Hoy se encuentra con un cuidador las 24 horas del día. La profesional de la educación parvularia ha presentado una tutela laboral (T-32-2024) ante el Juzgado de Letras de Coronel y un reclamo ante la Contraloría, ambos en actual tramitación. Adolece de una enfermedad profesional, garantizada por la ACHS.
– Giselle Concha: Técnica en párvulos, destinada a la sala cuna del Hospital de Coronel. Se encuentra con una enfermedad profesional certificada por el Instituto de Seguridad Laboral (ISL). Fue destituida luego de testificar a favor de su jefa, Lorena Tardones, en un sumario administrativo. «Todo comenzó para mí a raíz de las dos denuncias por acoso laboral contra mi jefatura (Lorena Tardón) completamente infundadas porque nunca vi, ni presencié algún acoso laboral de parte de mi jefa hacia mis colegas. Cuatro días después de haber atestiguado a favor de la Sra. Lorena Tardones me llega una resolución de cambio preventivo???? por haber sido testigo y en marzo de este año me llegó la notificación de destitución». A raíz de lo cual la funcionaria interpone una tutela laboral (T-7-2024), el tribunal laboral de Concepción, aun mantiene pendiente el fallo definitivo. Un hecho insólito en el caso de Giselle es que denunció el problema a la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FENATS) -que se supone vela por los intereses de los trabajadores- pero no fue acogida bajo el argumento que testificó en contra de una colega que denunciaba a su jefatura.
– Sylvia Wolf: Ex jefa de Gestión de Personas del SSC, dice haber sido «violentada laboralmente y posteriormente despedida tras testificar a favor de otras colegas- Hoy estoy en tratamiento por una enfermedad profesional certificada por la ACHS, con dos úlceras nerviosas. Todas mis enfermedades son netamente laborales» . Cuenta con una sentencia favorable firme, ejecutoriada por tutela que ordena su reintegro (T-99-2023) y además mantiene en curso una segunda causa por persecución (T-295-2025), ambas en el Tribunal del Trabajo de Concepción. «Lo único que yo veo en mi desvinculación es una persecución por motivos netamente políticos porque los directivos que me despidieron en el Servicio de Salud Arauco en el 2014, son los mismos que me desvinculan ahora en el Servicio de Salud Concepción. Todo esto me ha afectado mi salud mental y mi salud física».
– Katherine Fica: Denuncia haber sido víctima de acoso y una rebaja ilegal de remuneración durante una licencia médica. Su demanda de tutela laboral (T-68-2023) fue acogida y confirmada por la Corte de Apelaciones de Concepción.
– Andrea Castro: Abogada, ha sido despedida en tres años consecutivos a pesar de obtener sentencias favorables en dos causas de tutela laboral (T-74-2022 y T-67-2023) del Tribunal del Trabajo de Concepción, ratificadas por la Corte Suprema. El SSC no ha cumplido con su reincorporación, a pesar de la existencia de dos sentencias judiciales firmes y, actualmente, Castro espera el fallo de una tercera demanda de tutela laboral (T-311-2024).
– Leyla Araneda: Abogada. Obtuvo una sentencia por despido discriminatorio (T-91-2023), que incluía una orden de reparación simbólica que el SSC aún no ha ejecutado.
– Carla Montalba: Abogada. Fue despedida tras presentar demandas laborales (T-740-2024) y declarar como testigo en un juicio por vulneración de derechos, debiendo presentar una segunda denuncia por tutela laboral (T-296-2025), ambas en trámite ante el Juzgado del Trabajo de Concepción.
– Francisca Vera: Jefa titular del programa PRAIS, trabajadora social, profesional de carrera con 20 años de servicio, denuncia que sus derechos fundamentales fueron vulnerados tras reportar irregularidades internas. Específicamente, reveló que una funcionaria íntima amiga de la hija del director del SSC, Víctor Valenzuela Álvarez, habría emitido un certificado médico a una diputada mientras ella misma (la doctora) se encontraba con licencia médica, no obstante emitió de todas formas el documento. «Yo fui perseguida por el equipo de don Víctor Valenzuela (director del SSC). Todo esto fue a raíz de una denuncia que yo hice de una médico que trabajaba en PRAIS Concepción quien emitió un certificado médico a una diputada de la República, María Candelaria Acevedo (del Partido Comunista)». La Contraloría ordenó realizar una investigación sumaria. La acción de tutela de Francisca (T-616-2024) fue acogida por el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, pero el SSC interpuso un recurso de nulidad, aún en trámite.
– A todo lo anterior, se suma el caso de una novena funcionaria, cuya identidad permanece en reserva. Denuncia ser despedida tras reincorporarse de una licencia por tratamiento de cáncer. Hoy sostiene una demanda por despido discriminatorio, actualmente en tramitación ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción (Causa T-205-2025). “Mi diagnóstico fue una sentencia laboral”, asegura.
En lugar de apoyo, dice haber recibido recibió hostigamiento. «Los médicos me dijeron que este tipo de clima laboral es propicio para generar un tipo específico de cáncer». Fue tan así que la profesional tuvo que operarse de un problema oncológico en Santiago, en la Fundación Alberto López Perez (FALP). La carga económica fue millonaria dado que debió financiar 20 días en Santiago con la intervención quirúrgica, el post operatorio, la convalecencia fuera de la clínica, alimentación, medicamentos y elementos farmacológicos. «A pocos meses de una cirugía oncológica, viví el peor maltrato de mi vida laboral. Ser mujer, enfermarse y atreverse a volver fue suficiente para ser excluida y sancionada», afirma.
La denunciante estima que «este caso refleja cómo la vulnerabilidad física se transforma en castigo institucional, y cómo el sistema laboral sigue fallando en proteger a quienes más lo necesitan. Enfermar no puede ser motivo de despido. Mucho menos en el Estado».
Las funcionarias han sido diagnosticadas con enfermedades profesionales certificadas por el ISL y relacionadas con las conductas hostiles recibidas en el trabajo
¿La Impunidad Institucionalizada?
Estas mujeres –profesionales con trayectoria y experiencia, muchas de ellas diagnosticadas con enfermedad profesional por el ISL relacionados con las conductas hostiles recibidas en el trabajo, – no solo habrían sido víctimas de abusos, sino que, de acuerdo con sus denuncias, han recibido un castigo aún más severo después de presentar demandas de tutela laboral ante los tribunales e incluso en algunos casos con la existencia previa de sendos fallos condenatorios contra el SSC. Afirman que las sentencias no se cumplen en los términos ordenados, los responsables no son objeto de sumarios administrativos y, peor aún, varios de ellos ocupan cargos de alta dirección en el sistema público de salud, cuya dependencia jerárquica directa es del Sr. Víctor Valenzuela Álvarez, actual Director del SSC.
La gravedad de estos casos llevó a las víctimas a comparecer el pasado 7 de abril ante la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados para exponer sus testimonios. Sin embargo, a la fecha de este informe, no se ha adoptado ninguna medida disciplinaria, a pesar de los reiterados fallos judiciales y las claras obligaciones que imponen la Ley Karin y los tratados internacionales ratificados por Chile.
Las afectadas enfatizan que no se trata de hechos aislados, sino de una «política de silenciamiento y castigo» en el Servicio de Salud Concepción. Denuncian que «el sumario se ha convertido en un arma de amedrentamiento y la sentencia firme en un documento sin valor. La ley no manda. Manda la autoridad». El lema de estas funcionarias, «Aquí no gana la ley. Aquí manda la autoridad», encapsula la profunda desilusión y el sentimiento de desprotección que aqueja a nueve mujeres en Concepción.
Versión del SSC
El Servicio de Salud Concepción (SSC) ha dado respuesta a las múltiples denuncias por tutela laboral presentadas por funcionarias en su contra, así como a las preguntas específicas -del presente reportaje- sobre el cumplimiento de sentencias judiciales y procesos disciplinarios.
Postura Institucional Frente a las Demandas por Tutela Laboral
Según lo respondido por el Servicio de Salud Concepción ha tomado formal conocimiento de las demandas por tutela laboral y asegura abordarlas con la máxima seriedad y responsabilidad. En su declaración, el SSC reafirma su «irrestricto respeto por el sistema judicial y el derecho de toda persona a recurrir a las instancias legales que considere pertinentes».
La institución ha manifestado su plena disposición a colaborar con los tribunales, comprometiéndose a entregar toda la información y antecedentes necesarios para el esclarecimiento de los hechos. Asimismo, reiteró su compromiso con «el respeto y la protección de los derechos fundamentales de todos nuestros colaboradores y colaboradoras», promoviendo un ambiente de trabajo digno, seguro y respetuoso en cumplimiento de la legislación laboral vigente. El SSC indicó que cuenta con políticas y canales internos para prevenir y abordar cualquier situación que vulnere estos principios.
Debido a que los procesos judiciales están en curso, el Servicio de Salud mantendrá la debida prudencia y confidencialidad respecto a los detalles específicos de cada caso, en resguardo de los derechos de todas las partes involucradas y el correcto desarrollo de los procesos.
Situación Específica de las Funcionarias Mencionadas
El Servicio de Salud Concepción (SSC) respondió públicamente a las múltiples denuncias por tutela laboral interpuestas por funcionarias, manifestando su compromiso con la legalidad, los derechos fundamentales y la transparencia en el marco de los procesos judiciales en curso. Asegura estar colaborando con la justicia, respetando la confidencialidad de los casos y revisando internamente sus prácticas laborales.
En cuanto a casos específicos:
Sylvia Wolf, Katherine Fica y Leyla Araneda: Las sentencias judiciales se encuentran en etapa de cumplimiento. En el caso de Araneda, el SSC afirma haber remitido el correo institucional exigido por la sentencia.
Andrea Castro: Exfuncionaria cuya tutela laboral aún está en tramitación. Fue desvinculada tras contratación irregular sin autorización.
Carla Montalba: Exfuncionaria bajo sumario por presunta falta a la probidad.
Lorena Tardones y Giselle Concha: Denunciadas por acoso laboral, actualmente sometidas a sumarios administrativos.
Francisca Vera: Continúa en funciones, con investigación sumaria previa por liderazgo disfuncional.
Respecto a los diagnósticos del ISL que vinculan problemas de salud al entorno laboral, el SSC expresó preocupación y disposición a mejorar sus protocolos internos. Asimismo, declaró estar cumpliendo íntegramente las sentencias judiciales firmes.
Finalmente, señaló que existen procesos disciplinarios en curso respecto de altos funcionarios mencionados en fallos judiciales, aunque no entregó mayores detalles por tratarse de investigaciones reservadas.
Manejo de Diagnósticos del ISL y Cumplimiento de Fallos
Respecto a los diagnósticos del Instituto de Seguridad Laboral (ISL) que señalan al SSC como origen de los problemas de salud en las funcionarias, la institución está analizando estos informes con máxima seriedad y preocupación. El SSC lamenta profundamente cualquier situación que haya afectado la salud de sus funcionarias y ve estos diagnósticos como «una oportunidad crítica para reforzar nuestro compromiso con el bienestar de nuestro equipo y mejorar significativamente nuestras prácticas internas».
En cuanto al cumplimiento de los fallos judiciales favorables a las funcionarias, el Servicio de Salud Concepción aseguró que es «respetuoso de las sentencias dictadas por los Tribunales de Justicia, por lo que las sentencias firmes adversas a los intereses de la institución, son cumplidas en su integridad«.
Procesos Disciplinarios e Investigación en Curso
Sobre la instrucción de procesos disciplinarios contra funcionarios de Alta Dirección Pública mencionados en fallos judiciales como autores de actos lesivos (como Miriam Valdebenito Elgueta, Javier Medina Casanova y Brian Romero Bustamante), el SSC indicó que existen procesos disciplinarios en curso destinados a investigar la efectividad de las responsabilidades. Sin embargo, la institución no puede aportar mayores antecedentes por ahora, ya que la investigación tiene carácter de reservada o secreta, en resguardo del proceso.
SOJ
