En un contundente pronunciamiento emitido tras la votación de la comisión mixta sobre el fraccionamiento del recurso merluza, Cristian Arancibia, Presidente del directorio de Ferepa Biobío, ha expresado su profunda indignación ante las decisiones parlamentarias que, a su juicio, comprometen gravemente el futuro de la pesca artesanal y la sostenibilidad del ecosistema marino.
Arancibia calificó de «lamentable, vergonzoso e inaceptable» el actual escenario legislativo, denunciando una «peligrosa connivencia» con los intereses de la gran industria pesquera. Esta situación, advirtió, menoscaba tanto la viabilidad del recurso merluza común como la subsistencia de miles de pescadores artesanales a lo largo del país.
El punto central de la controversia radica en un acuerdo de fraccionamiento que asigna el 55% de la cuota a la industria cuando esta es inferior a 35.000 toneladas, otorgando a la pesca artesanal solo un 45%. Si la cuota supera dicho umbral, el reparto se «equilibra» a un 50% para cada sector. Ferepa Biobío sostiene que esta «maniobra» busca únicamente asegurar los beneficios de unos pocos, poniendo en riesgo la recuperación de un recurso ya declarado en estado de colapso, atribuido principalmente a la sobreexplotación industrial y la pesca de arrastre.
El presidente de Ferepa Biobío fue enfático al desmentir cualquier intento de desviar la atención: «Que no se equivoquen quienes buscan desviar la atención: el principal responsable de la crisis ecológica de la merluza común es el arrastre industrial, no la supuesta pesca ilegal artesanal que hoy se quiere estigmatizar». Esta situación, añadió, representa un «insulto a la inteligencia del país y una afrenta a las comunidades costeras que han sido históricamente marginadas de las grandes decisiones pesqueras».
La federación rechaza vehementemente la continuidad de normativas que posibilitan el traspaso de cuotas entre los sectores artesanal e industrial. Según Arancibia, esta disposición «sólo perpetúa la dependencia de los pescadores artesanales hacia la industria, usándolos como maquila para mantener su rentabilidad a costa de recursos que no les pertenecen». «Esto no es sostenibilidad, no es equidad, no es futuro», sentenció.
Ferepa Biobío lanzó una clara advertencia: la consolidación de este modelo no solo llevaría al colapso de la merluza común, sino que también amenazaría más de 4.000 empleos directos en la pesca artesanal de regiones como Biobío. Arancibia enfatizó que no bastaría con lamentar los 800 cesantes industriales, sino que se sumaría la pobreza y cesantía de las familias artesanales.
El llamado final se dirigió directamente a la clase política, instándolos a tomar una «decisión histórica»: «Puede optar por legislar para el pueblo, para la sostenibilidad, para la equidad. O puede seguir entregando nuestras pesquerías a un modelo industrial fracasado, depredador y concentrador de riqueza».
En un cierre emotivo y categórico, Ferepa Biobío exigió una ley de fraccionamiento «justa, sostenible y con visión de futuro». Demandaron respeto por la pesca artesanal como un «pilar de desarrollo costero y social», y una legislación basada en «base científica, con ética pública y con sentido de justicia». «Porque la merluza no puede hablar, nosotros sí lo haremos por ella y por quienes la han pescado por generaciones».
SOJ
