El Presidente Gabriel Boric entrega las 11 horas de hoy su última Cuenta Pública, frente al congreso pleno en Valparaíso, repasará no sólo los logros y las promesas cumplidas de su gestión, sino que también pondrá de manifiesto los compromisos adquiridos desde su primer discurso en 2022 que, por diversas razones, no han logrado materializarse. Las grandes ausentes serán las promesas incumplidas en su gobierno. En este balance de medio mandato, la agenda laboral emerge como uno de los principales bastiones de su gobierno, mientras que en otros frentes, persisten deudas y avances a medio camino.
Agenda Laboral: Las Banderas Cumplidas
Uno de los mayores éxitos de la administración Boric radica indudablemente en su agenda laboral. La reducción de la jornada a 40 horas semanales, una promesa central de su campaña, ya es una realidad legal. Si bien la implementación ha contemplado ajustes y medidas de flexibilidad, esta reforma se perfila como una de las transformaciones estructurales más significativas de su periodo.
Paralelamente, el alza del salario mínimo a $500 mil pesos chilenos fue otra de las metas alcanzadas. Para la Cuenta Pública de 2023, la hoja de ruta para este incremento ya estaba aprobada, culminando en el monto comprometido en julio de 2024.
En el ámbito de la seguridad social, la reforma de pensiones, aunque sujeta a una compleja discusión legislativa y a múltiples modificaciones respecto a la propuesta original, ha logrado materializarse como ley, consolidándose como una promesa cumplida a la hora del balance. A ello se suma la Ley de Conciliación Trabajo, Vida Personal y Familiar, aprobada en diciembre de 2023, que introduce jornadas híbridas, turnos adaptables y permisos para acompañar a familiares en situaciones médicas o educativas.
Otro hito legislativo relevante en materia laboral fue la Ley Karin, promulgada tras el anuncio en la Cuenta Pública de 2023, que busca prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo.
Lo prometido e absolutamente incumplido
La reforma tributaria, una de las grandes apuestas del gobierno en 2022 con el objetivo de «atacar las bases de la desigualdad», ha tenido un destino más incierto. Rechazada en su idea de legislar en marzo de 2023, la propuesta original se diluyó, obligando al Ejecutivo a fragmentarla.
En 2024, Boric relanzó el concepto bajo el nombre de «Pacto Fiscal por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal», presentándolo como una «agenda integral» y no una mera alza de impuestos. De esta división surgieron dos proyectos: uno enfocado en la ley Antievasión, que ya es ley, y otro sobre la reforma al impuesto a la renta. Este último, que proponía una rebaja del impuesto a grandes empresas compensada con otras medidas, no prosperó y ha quedado en el «congelador». No obstante, el nuevo royalty minero, anunciado entre 2022 y 2023, sí fue aprobado.
En el plano macroeconómico, el Presidente destacó en la Cuenta Pública 2024 el compromiso de frenar el crecimiento de la deuda pública. Si bien esta cerró 2024 en 41,7% del PIB, su velocidad de aumento en este periodo ha sido menor en comparación con los dos gobiernos anteriores, lo que podría presentarse como un indicio de responsabilidad fiscal.
Otros de los grandes desafíos que el gobierno de Boric dejará pendientes, se encuentran el crecimiento económico y la creación de empleo. En su primera Cuenta Pública en 2022, el Presidente planteó el ambicioso desafío de llevar la productividad a un crecimiento anual del 1,5%, que permitiría un PIB potencial superior al 4%. Sin embargo, la Productividad Total de Factores (PTF) se ha mantenido en un rango de -0,2% a 0,1%, muy lejos de la meta, lo que ha mantenido el PIB tendencial entre 1,8% y 2%.
La promesa de generar «más de 700 mil nuevos empleos» al término de su gobierno, anunciada en la Cuenta Pública de 2023, también muestra un déficit. Hasta el trimestre febrero-abril, se han creado 590 mil empleos, dejando una brecha considerable.
La descentralización fiscal a través del proyecto de ley de rentas regionales, enfatizada en las primeras dos cuentas públicas, enfrenta un futuro incierto. A pesar de haber ingresado a la Cámara de Diputados en abril de 2023, la discusión se paralizó en agosto de ese año debido a los problemas de financiamiento en las regiones con las fundaciones, relegando la iniciativa.
Otra de las grandes promesas incumplidas es la negociación ramal. Presente en la Cuenta Pública de 2022, omitida en 2023 y retomada en 2024, el proyecto de ley de «negociación colectiva multinivel» aún no se ha materializado.
Incipiente Modernización de Permisos
En el terreno de los avances parciales, destacan los proyectos de ley para acelerar la inversión, especialmente la modernización del sistema de permisos. En la Cuenta Pública de 2024, Boric encargó a los ministros de Economía y Medio Ambiente una «reforma de modernización integral al sistema de permisos» con el objetivo de reducir plazos de tramitación y dar certezas a la inversión.
Aunque ambos proyectos han progresado en el Congreso, no tienen la misma probabilidad de convertirse en ley durante esta administración. La iniciativa sobre permisos sectoriales, impulsada por el Ministerio de Economía, es la que cuenta con más opciones. Se encuentra en segundo trámite legislativo en la Comisión de Hacienda del Senado, habiendo superado las discusiones más complejas. Este proyecto busca optimizar los tiempos de tramitación entre un 30% y un 70% mediante la simplificación de procesos y la habilitación de declaraciones juradas y avisos para casos de bajo riesgo. El ministro de Economía, Nicolás Grau, espera su despacho en aproximadamente un mes.
Una situación distinta enfrenta el proyecto que busca reformar la institucionalidad ambiental, especialmente en lo relativo a la evaluación de impacto ambiental. Aunque tuvo una extensa discusión en la Comisión de Medioambiente del Senado, no se logró un acuerdo sobre la nueva institucionalidad que reemplace al Comité de Ministros y a la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva). La propuesta inicial del gobierno de radicar estas decisiones en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) fue ampliamente cuestionada por expertos y el sector privado, quienes argumentaron que eliminaría el criterio político para sustituirlo por una decisión de la dirección ejecutiva del SEA, también designada por el gobierno de turno.
Nuevos Anuncios: Impulso a la Inversión y Pymes
Para esta Cuenta Pública, se esperan anuncios sobre nuevas medidas ligadas a la inversión. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, adelantó la presentación de un proyecto de ley con incentivos tributarios para promover el desarrollo de la industria del hidrógeno verde.
Asimismo, el gobierno propondrá una «ley corta» para agilizar las inversiones en descarbonización, que incluirá una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para acelerar proyectos por más de US$7.500 millones, «sin retroceder en los estándares vigentes».
En materia tributaria, se trabaja en una reforma del impuesto a la renta para pequeñas y medianas empresas, y se ingresará un proyecto para mejorar la gobernanza de datos en el sector público. Finalmente, se anunciará un proyecto de ley sobre seguro de depósitos y resolución bancaria, una reforma al seguro de invalidez y sobrevivencia, y ajustes al Fondo de Reserva de Pensiones y Fondo de Estabilización Económica y Social, así como medidas sobre cotizaciones de independientes. Estos anuncios buscan dar un nuevo impulso a la economía y fortalecer la estabilidad financiera del país.
SOJ
